En el marco del evento que reúne a líderes empresariales, ejecutivos de primer nivel llamaron a que el sector privado asuma una participación activa en seguridad ciudadana, más allá de sus funciones tradicionales, como parte de la estrategia para recuperar el orden, la institucionalidad y el desarrollo económico del país.

En la edición 63 del CADE Ejecutivos 2025 —que va del 4 al 6 de noviembre en Lima— la inseguridad ciudadana fue uno de los ejes centrales del debate, junto a educación, justicia y crecimiento económico.  Durante el panel inaugural, la presidenta ejecutiva de Compañía Minera Poderosa, Eva Arias, advirtió que en zonas de operación minera como Pataz, la ausencia del Estado ha sido suplantada por la informalidad y la ilegalidad, y reclamó que el sector privado “brinde una mano” para que “la gente pueda trabajar con tranquilidad”.

Por su parte, la ejecutiva Isabel Noboa —presidenta de Nobis Holding— enfatizó que las empresas no pueden limitarse únicamente a sus procesos operativos, sino que tienen que “sumarse a la búsqueda de soluciones” con el Estado, universidades y sociedad civil, a través de alianzas estratégicas.

Especialistas coinciden en que el llamado parte de una urgente necesidad: la inseguridad prolongada no solo pone en riesgo a ciudadanos y empresas, sino que deteriora la confianza institucional, reduce la inversión y frena el crecimiento económico. Según informes del foro organizador IPAE Acción Empresarial, el país afronta graves déficits en autoridad estatal e institucionalidad.

¿Qué propuestas surgieron del debate?

• Las empresas plantearon desarrollar alianzas público-privadas para reforzar la vigilancia ciudadana, la prevención del delito y la rehabilitación de zonas vulnerables.

• También se habló de fortalecer la seguridad interna de las compañías, incluyendo cadena de suministros, prevención de extorsión, así como sistemas de monitoreo en territorios de alto riesgo.

• Se pidió que el Estado ofrezca reglas claras y estables para inversión y participación privada, de modo que el sector empresarial pueda operar sin inseguridad jurídica ni física.

¿Por qué importa para la economía y el país?

La correlación entre inseguridad y deterioro económico está documentada: cuando ciudadanos y empresas sienten que el Estado no garantiza la protección, la inversión se retrae, los costos de operación suben y el desarrollo se frena. En ese contexto, el sector privado se ve obligado a asumir funciones que habitualmente corresponderían al Estado.
Según el presidente de la República, José Jerí, el presupuesto 2026 priorizará la seguridad ciudadana y el cierre de brechas de infraestructura, reconociendo que la inversión privada será un aliado estratégico en esa meta.

Retos y advertencias

Aunque el empresariado aceptó un rol más activo, también advierte que no puede sustituir al Estado en funciones esenciales de autoridad y justicia. Se insistió en que no basta con buenas intenciones: se requieren estructuras institucionales sólidas, un Poder Judicial independiente y mecanismos de rendición efectiva de cuentas. 
Asimismo, se recalcó que la participación empresarial debe evitar convertirse en una mercantilización de la seguridad, sino más bien en un complemento responsable dentro de una estrategia nacional más amplia.

En CADE 2025 el mensaje es claro: la inseguridad ya no es sólo un tema de la Policía o del Estado, sino un asunto transversal que impacta la salud del país, su competitividad y su futuro. El sector privado fue convocado a salir de la “neutralidad” y asumir protagonismo activo. Lo que resta es que ese llamamiento se traduzca en acciones concretas, alianzas efectivas y resultados visibles, para que Perú pueda aspirar no sólo a crecer, sino a hacerlo con paz, orden y desarrollo.