Detienen a general y altos oficiales por robo sistemático de combustible
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a 10 miembros del Ejército debido que serían parte de una organización criminal denominada ‘Los Centinelas’ que se dedicaba al robo sistemático de combustible a la institución.
El magistrado Reynaldo Leonardo Carrillo, del Decimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, autorizó las detenciones de los militares ―quienes fueron capturados en Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Lima― por un plazo de siete días al haber cometido el presunto delito de colusión agravada.
Entre los intervenidos se encuentran el general de brigada EP Henry Mario Acosta Bernuy, jefe de Estado Mayor de la 1era. División del Ejército en Piura. A él se les suma el teniente coronel EP Andrés Eneque Solano, los mayores EP Marco Antonio Ramos Viera y Luis Antonio Romero Guillen.
Además, el capitán EP Manuel Eduardo Antón Castro, y los técnicos oficial de primera EP, Fernando Gómez Bozo y Miguel Enrique Zurita Pinglo, así como el de segunda EP, Marco Antonio Castillo Arteaga, están incluidos en la disposición judicial. Este grupo fue ubicado en Lambayeque.
Por su parte, la mayor EP Sarita Coral Yurissan Cornejo Sangama fue detenida en Lima. De igual manera, Jherson Aguilar Quispe, administrador del grifo Jharut Energy Gas EIRL, también resultó arrestado por la PNP y la Fiscalía en Cajamarca.
En las diligencias se allanaron 18 inmuebles entre las que se destaca la residencia del jefe del Estado Mayor del Ejército en Piura, la Escuela Militar del Ejército en Lima, la base militar de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú en la ciudad de Trujillo, la Villa Militar del Ejercito del Perú en Lambayeque.
Adicionalmente se incautaron 4 laptops, 3 celulares, 1 USB, 1 disco duro externo, US$ 2.395 y documentos de interés.
La Fiscalía sostiene que la red criminal ‘Los Centinelas’ influyó en una serie de procesos de compra de combustible. El favorecimiento indebido a empresas terminó por ocasionar un perjuicio de más de 50 mil soles al Estado.
