El prelado recordó las muertes ocurridas durante las protestas tras la asunción de la presidenta y llamó a la reflexión nacional.
A dos años de la llegada de Dina Boluarte a la presidencia, el cardenal Pedro Barreto ofreció un duro análisis sobre los primeros días de su gobierno, marcados por protestas y una violenta represión que dejó más de 50 fallecidos. «El inicio del gobierno de Boluarte estuvo teñido de sangre, sangre que sigue esperando justicia», señaló el religioso, instando a la unidad y reflexión entre los peruanos.
La presidenta asumió el mando el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y detención de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y reestructurar el sistema judicial mediante un mensaje a la Nación. Este acto, calificado por las autoridades como un intento de golpe de Estado, derivó en su encarcelamiento en el penal de Barbadillo, donde enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por el presunto delito de rebelión.
Barreto subrayó la necesidad de evitar que hechos de violencia y represión vuelvan a repetirse en el país. «Debemos garantizar que nunca más la vida de un compatriota sea maltratada en nuestra tierra», sostuvo, enfatizando la importancia de trabajar por la justicia y reconciliación nacional.
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Por su parte, el expresidente Castillo, en un comunicado publicado en sus redes sociales, calificó a Boluarte como una «usurpadora» y denunció un «golpe de Estado» respaldado por el Parlamento y las Fuerzas Armadas. Castillo, cuyo nivel de aprobación se desplomó antes de su destitución, cuestionó también la baja aceptación popular de Boluarte, que, según él, se encuentra por debajo del 3%.
En su mensaje, Castillo defendió su decisión de disolver el Congreso y reestructurar el sistema judicial, argumentando que era un acto legítimo y representativo del «clamor del pueblo». Asimismo, reiteró su llamado a una nueva Constitución como vía para resolver la crisis política.
Mientras tanto, el gobierno de Boluarte enfrenta crecientes desafíos, incluyendo una profunda desconfianza ciudadana y la tarea de responder a las demandas de justicia de las familias de las víctimas de las protestas. Con opiniones divididas y heridas aún abiertas, los dos años de esta gestión reflejan un país marcado por la incertidumbre y el descontento social.
