Investigación enfrenta trabas por falta de pruebas y testigos.
El asesinato de Andrea Vidal en La Victoria sigue sin resolverse tras casi cuatro meses del fatal suceso que sacudió al Congreso. Ni la Policía Nacional del Perú (PNP) ni el Ministerio Público han logrado identificar a los responsables, pese a declaraciones previas de que el caso estaba cerca de esclarecerse.
Según el semanario Hildebrandt en sus trece, efectivos de la PNP accedieron a información privada de Vidal meses antes de su muerte sin justificación clara. Además, la falta de cámaras operativas y equipos adecuados ha dificultado la identificación de los atacantes.
Este crimen ha destapado un escándalo dentro del Congreso de la República. Un reportaje de Willax reveló que Vidal habría gestionado contrataciones para mujeres que presuntamente formaban parte de una red de explotación sexual. Las investigaciones han puesto en la mira a Jorge Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien era su superior.
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Actualmente, el Ministerio Público lleva dos investigaciones en paralelo: una contra el congresista Alejandro Soto Reyes por sus posibles vínculos con extrabajadoras del Parlamento y otra contra Torres Saravia por presunta explotación sexual.
El proceso enfrenta obstáculos debido a la falta de colaboración de testigos. Empleados del Congreso citados por la Fiscalía han optado por el silencio. Isabel Cajo, exempleada con un sueldo de más de 7 mil soles, evitó responder preguntas argumentando riesgo de autoincriminación. Alexandra Gil y Karla Ruiz negaron la existencia de una red ilegal, mientras que Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, primero prometió revelar información clave, pero luego dijo no recordar quién recomendó a Torres Saravia.
En medio de la incertidumbre, la Comisión de Fiscalización del Congreso presentará el 2 de abril un informe en el que descarta la existencia de una red de explotación sexual en el Parlamento.
