La Fiscalía también indaga un contrato de S/354 mil en Tayabamba, donde el agente de seguridad de Lara figuraba como representante legal de un consorcio.

El secuestro del minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de su agente de seguridad, Luis Alberto Rojas Ramos, ocurridos el pasado 30 de agosto en Trujillo, llevaron a las autoridades a revisar los vínculos empresariales del entorno familiar del empresario. Una investigación de Cuarto Poder identificó contratos y adjudicaciones con entidades públicas de La Libertad que, en conjunto, superan los S/11 millones.

Uno de los casos que llamó la atención corresponde al Consorcio Supervisor Allauca, cuyo representante legal registrado era Luis Alberto Rojas Ramos, quien trabajaba como agente de seguridad de Lara. Esta empresa obtuvo una consultoría de obra valorizada en S/354 mil en el distrito de Tayabamba, durante la gestión del entonces alcalde Aldo Carlos Mariños, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

La contratación es parte de las diligencias que buscan establecer el origen y destino de los recursos relacionados con estas operaciones. Mariños, por su parte, negó haber tenido conocimiento directo de las contrataciones otorgadas a personas vinculadas al empresario.

Los registros de la Sunat también muestran la participación de otros integrantes del entorno familiar de Lara en compañías que contrataron con municipalidades de la región. Entre ellos figuran sus primos Luis Steven Campos Tantaquilla y Yimi Gerardo Rojas Tantaquilla, vinculados a Constructora Ohana S.A.C., empresa que acumuló contratos por S/3 millones 786 mil con la Municipalidad Distrital de Chillia.

A ello se suman las operaciones de Tantaquilla Contratistas S.A.C., integrada por Dora, Alberto y Yannino Tantaquilla Domínguez, tíos maternos del empresario. La compañía obtuvo licitaciones públicas por más de S/1 millón 383 mil.

La revisión también alcanzó a ESCOSEG S.A.C., relacionada con Toni Rojas Tantaquilla, y a Constructora e Inmobiliaria Consinperu S.A.C. De acuerdo con la investigación periodística, ambas empresas declararon domicilios fiscales en el centro de Lima donde no se habría podido comprobar actividad comercial.

La concentración de empresas vinculadas a un mismo entorno familiar generó cuestionamientos entre especialistas. La experta en contrataciones estatales Johanna Rodríguez consideró necesario que los órganos de control revisen los procesos para determinar si existieron posibles direccionamientos o irregularidades en las adjudicaciones.

El analista político Iván Arenas, en tanto, señaló que la contratación de obras públicas puede ser utilizada para introducir al sistema formal dinero procedente de actividades ilegales vinculadas a la extracción de oro.

El caso también tiene un antecedente fiscal. Lara Tantaquilla figura en investigaciones iniciadas en 2020 por la presunta realización de operaciones comerciales con mineral de procedencia ilícita. Su padre, Eleuterio Lara, rechazó que los recursos económicos de sus hijos tengan origen en actividades ilegales o que hayan sido utilizados para financiar contrataciones con el Estado.

Mientras continúan las investigaciones por el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo, los contratos obtenidos por empresas vinculadas al entorno de Lara forman parte de las pesquisas que buscan determinar si existieron conexiones entre actividades empresariales, recursos públicos y las operaciones económicas desarrolladas en Pataz.