Por no presentarse ante la Comisión de Fiscalización
Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que el expresidente Pedro Castillo podría ser denunciado por no asistir reiteradamente a las citaciones de dicho grupo de trabajo para brindar sus declaraciones.
«En su momento informaremos de que sería pasible de una denuncia penal por desacato a la autoridad porque hoy nuevamente ha sido notificado como en todas las citaciones», dijo Ventura en diálogo con la prensa.
«En esta comisión hemos visto que Pedro Castillo no quiere declarar. En 4 citaciones del caso Sarratea, en ninguna declaró, no ha tenido voluntad política ni obligación jurídica en la investigación por presunta organización dirigida desde Palacio», agregó.
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Además, el congresista recordó que en otras cuatro citaciones trató de obstruir la diligencia. «Ha puesto como fundamentos leguleyadas que no tienen asidero legal ni real y esto se valorará en el informe final».
Ventura criticó la decisión de Castillo Terrones de no responder el interrogatorio. “No vamos a aceptar maniobras temerarias, durante todas las notificaciones realizadas no ha querido declarar ante esta comisión. Ha preferido entorpecer. No vamos a permitir más acciones dilatorias”, manifestó Ventura.
Como sabe, Castillo Terrores, quien es investigado bajo prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró el pasado 7 de diciembre, no se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este viernes.
Sí se presentó ante la sesión la hermana del exjefe de Estado, María Gloria Castillo Terrones, pero no quiso responder las preguntas de los congresistas y se acogió a su derecho a guardar silencio.
Elevan penas por delitos de difamación y calumnia
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 2862, el cual propone elevar las penas en los casos de difamación y calumnia realizados en medios de comunicación.
Dicho dictamen, presentado por Perú Libre, fue aprobado, sin previo debate, con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. La siguiente votación se realizará dentro de 7 días calendario, de acuerdo con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República.
La modificación que propone el proyecto legislativo indica que, en caso de calumnia, se atribuya 120 días a 365 días-multa y una reparación civil en favor del querellante.
Si se tratase de un caso de difamación, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa y una reparación civil en favor del querellante.
Además, establece indemnizaciones obligatorias para la persona que atribuya a otra un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor.
“El Estado ha hecho innumerables esfuerzos para implementar estrategias y mecanismos encaminados a la protección de los derechos fundamentales del individuo, pero no han sido suficientes a lo largo de los años”, sostuvo Américo Gonza (Perú Libre), quien estuvo a cargo de la sustentación del dictamen.
