Pobladores piden el desalojo de invasores, y el apoyo para que administradores con mandato judicial, asuman conducción de la empresa
La Empresa Industrial Pucala se ha convertido de un tiempo a esta parte en un peligroso globo de ensayo de potenciales actividades terroristas, luego de que los servicios de inteligencia policiales han reportado al más alto nivel del Ministerio del Interior, la participación en las actividades de la empresa, de hasta tres elementos con peligroso prontuario subversivo.
Si bien es cierto que hasta el momento no se ha producido una acción terrorista de marca mayor que estuviera indicando el inicio de una nueva escalada terrorista en la región, también es cierto que llama la atención de que la policía no haya actuado contra este virtual rebrote terrorista y procedido a detenerlos, para no lamentar graves secuelas.
De acuerdo a la pesquisa de inteligencia, la célula terrorista actúa en contubernio con la ex administración a cargo de Jorge Atoche Pacherrez y quienes han tomado por asalto la administración de Pucalá, con la finalidad de impedir que los administradores legales asuman la conducción.
Invasores
Como es de conocimiento público, la empresa industrial Pucalá permanece irregularmente invadida e ilegalmente ocupada desde el pasado 05 de agosto del año en curso, coincidentemente la misma fecha en que comenzó a producirse el ingreso de estos prontuariados, felizmente visualizados e identificados por los agentes policiales.
De acuerdo al reporte de inteligencia policial, ellos son: Rufino Lavrenti Coronel Camino (a) “Camarada Javier”, integrante del grupo que se encuentra atrincherado en la fábrica, sin oficio conocido, con la excepción de su activismo de propagandista terrorista del Movadef, fachada legal del Partido Comunista- Sendero Luminoso.
El otro es Miguel Olazábal Ancajima, abogado y ex convicto de terrorismo, con ficha de haber cumplido pena privativa de libertad de 25 años en el establecimiento penal de Picsi, a donde ingresó el 24 de diciembre de 1993 y egresó con fecha 23 octubre del 2002 y se le atribuye haber ingresado ilegalmente hasta cuatro armas de largo alcance a la empresa azucarera Pucalá.
El tercero individualizado, y del cual se tiene escasa información es Jorge Samamé Chapoñán, alias “cotorra”, encargado de comandar un grupo de elementos encargados de la fabricación casera de armas de fuego, y aletas de tiburón (rompe neumáticos), y de efectuar el bloqueo de las vías de acceso a Pucalá, para lo cual cuenta con volquetes, cargadores y otras maquinarias de propiedad de la empresa usurpada.
Protectores
Estos elementos, según la investigación, tuvieron participación activa en la invasión de la fábrica, camuflando sus acciones subversivas como supuestas protestas laborales, y movilizaciones de jubilados, viudas, herederos de trabajadores, trabajadores contratados, con la finalidad de favorecer a un grupo inversionista que pretende controlar las actividades de la azucarera.
Según la pesquisa, un coronel de la Policial Nacional tendría que ver con el presunto ingreso de armamento de guerra y otros pertrechos militares destinado a ser usado por los otros individuos reclutados por “Cotorra”, todos vinculados a acciones terroristas, y de delincuencia común, actualmente atrincherados para impedir la ejecución del mandato judicial que ordena el desalojo de los usurpadores.
Según la información obtenida, existe una alianza entre el grupo usurpador y los elementos subversivos, con la finalidad de que éstos últimos brinden el soporte armado para que los usurpadores permanezcan en poder de la compañía comercializando clandestinamente el azúcar que produce, a cambio de fuertes sumas de dinero que son destinadas al financiamiento de actividades terroristas.
Pobladores
Por lo pronto, por directa responsabilidad del terrorista Miguel Olazábal, a lo largo de la semana han circulado varios miles de panfletos subversivos con el logo del MOVADEF llamando a la “lucha armada” en Pucalá, y la noche del viernes 15 alias “cotorra” fue sorprendido por la Policía Nacional cuando descargaba volquetes con tierra en el puente Regalado que conduce a dicha localidad, dándose a la fuga.
En tanto, los pobladores de Pucalá conocedores de esta realidad han solicitado al Ministro del Interior, Carlos Morán, cumpla con el mandato judicial de desalojo de los elementos subversivos de la compañía y seudo administradores, y respalde el ingreso de los nuevos administradores, que cuentan con mandato judicial para asumir el manejo de la empresa.
