El internacionalista Juan Velit Granda declaró que en caso de que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón se haya fugado del país y esté pensando en solicitar a un país “aliado” asilo político, no podrá calificar a esta figura jurídica porque, en primer lugar, en nuestro país existe un estado de derecho y, también, porque él es un sentenciado por corrupción.
En declaraciones al diario La Razón, criticó al sistema nacional de justicia dado que “no informó oportunamente a la Policía al término del proceso judicial y después de la sentencia que evidentemente se esperaba” por los graves casos de corrupción que pesan sobre el también ex gobernador regional del Junín.
¿Qué evaluación tiene de la fuga del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón?
Primero hay que identificar en qué país está el señor Vladimir Cerrón y reconocer si en el país en el que se encuentra hay acuerdos tratados de extradición vigentes con el Perú. En segundo lugar, la Interpol, es decir, la policía internacional ya ha enviado un comunicado y ha lanzado una alerta azul, lo cual quiere decir que la persona que están buscando a nivel internacional no es un peligro, no es lo que podríamos llamar un delincuente ni que su captura demanda un gran esfuerzo de la policía que está involucrada. En tercer lugar, hay que ver si los alcances de la Interpol llegan a todos lados. A pesar de que tiene oficinas en la mayor parte de los países del mundo, en algunos de ellos no está presente.
No hay pruebas concluyentes de la fuga, pero ¿de quién es la responsabilidad de esta situación de incertidumbre sobre su paradero?
Ciertamente la salida del señor Vladimir Cerrón es una falla de la justicia peruana, que no informó oportunamente a la Policía al término del proceso judicial y después de la sentencia que evidentemente se esperaba. No se dieron los mecanismos de seguridad atentos para detenerlo.
¿Califica Vladimir Cerrón a la figura del asilo político?
La condición de Cerrón de ser una suerte de condenado jurídicamente no le da la posibilidad de asilo político porque él no es un perseguido político, es importante resaltar que en el Perú no hay perseguidos políticos, ni hay encarcelados políticos porque el Perú, y lo sabemos nosotros que con todas sus deficiencias políticas, es un Estado de Derecho y por lo tanto no existe una persecución política, por lo cual Cerrón no puede acogerse a esta fórmula, que es una fórmula especialmente latinoamericana para proteger a los perseguidos políticos.
Pero, por ejemplo, la familia de Pedro Castillo recibió en México asilo político y tampoco eran perseguidos. ¿Podría Cerrón recibir esa protección por parte de un determinado país?
Por supuesto, si un país “A” quiere darlo, lo da, pero también hay que entender que si ese país le da el asilo político a quien tiene una orden judicial cuando se pide la extradición, se envía al país al cual se le ha solicitado esa condición, lo que se llama un cuadernillo que es un resumen de todo el proceso judicial donde se tiene que probar que se han respetado todas las instancias jurídicas y que el país, en este caso Perú, que está solicitando la extensión está en el marco del derecho internacional. Todos estos elementos son agravantes para el solicitado, si obviamente no se ha respetado el proceso jurídico y no estamos en un Estado de Derecho, entonces la valoración que hace el país “A” en el cual está alojado el asilado será a favor de este mismo. Estas condiciones son las que el Gobierno del Presidente Manuel López Obrador de México ha manifestado y lo ha dicho públicamente en reiteradas oportunidades y en muchos escenarios. Por otro lado, también se opuso a que el Perú tenga la presidencia de la Alianza del Pacífico. Esas son pruebas evidentes de que México considera que Perú no es un Estado de Derecho. Pero yo no sé si estas mismas condiciones las puede argumentar Vladimir Cerrón y su abogado.
