Las facultades de control del Congreso, según la CIDH, han sido ejercidas de una manera que podría poner en riesgo crítico el estado de derecho
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado expresando su preocupación por la «interferencia» del Congreso de la República en el funcionamiento de otros poderes públicos del país.
Las afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos, según indicó, podrían debilitar el estado de derecho en Perú.
«Resulta necesario que la actuación estatal garantice la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Por esta razón, la comisión insta al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia», dice en el comunicado.
Recientemente, la CIDH destacó las iniciativas legislativas que buscan reemplazar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con una Escuela Nacional de la Magistratura. También se plantea que en el futuro, los titulares de la ONPE y Reniec sean designados o destituidos por el Senado.
«En particular, preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la JNJ, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción».
Además, se pronunció sobre las acciones ejercidas «en contra del sistema electoral, las cuales afectan su independencia».
«El presidente del JNE ha enfrentado al menos 10 denuncias ante el Pleno del Congreso. En el trámite de los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación», comentaron.
Cinco congresistas presentaron una denuncia constitucional por presunta infracción contra la fiscal suprema titular Delia Espinoza, quien investiga a la exfiscal de la nación Patricia Benavides. Esta acción también fue cuestionada por la comisión.
Asimismo, se pronunciaron sobre los 14 procedimientos realizados contra la JNJ, que resultaron en la inhabilitación de dos de sus miembros. Esto ocurrió en un contexto donde se señaló la existencia de violaciones al principio de legalidad y a la separación de poderes.
La CIDH insistió en la importancia de un sistema de pesos y contrapesos para garantizar la democracia. Destacó que el poder debe ser ejercido por órganos independientes para evitar abusos. Alertó que el accionar del Parlamento ha perjudicado instituciones clave, amenazando los derechos humanos.
Solicitó al Estado reafirmar su compromiso con la Carta Democrática y los derechos humanos, subrayando que estas acciones son cruciales para restaurar la confianza pública y el estado de derecho.
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