CIDH confirma vigencia de la Ley 23908 y pide pago de 3 RMV
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó la vigencia de la Ley 23908 y dispuso que los jubilados pertenecientes al régimen del Decreto Ley 19990 reciban una pensión equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales (RMV). Esta decisión marca un paso importante en la lucha por una pensión digna para miles de peruanos que han venido reclamando durante años una mejora en sus ingresos de jubilación.
De acuerdo con el oficio enviado el 21 de julio a la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú (ANP), la CIDH recuerda que dicha ley, promulgada en 1984 durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, establece que la pensión mínima por jubilación, invalidez o viudez debe calcularse sobre la base de tres RMV vigentes al momento del pago. Además, precisa que esta pensión debe actualizarse trimestralmente tomando en cuenta la variación del índice de precios al consumidor publicado por el INEI, con el fin de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Actualmente, la RMV en el Perú es de S/ 1,130, lo que significa que los beneficiarios del DL 19990 deberían percibir una pensión de S/ 3,390 mensuales, muy por encima de lo que reciben en la actualidad. Para muchos jubilados, que sobreviven con ingresos que no superan los S/ 600 o S/ 800 al mes, esta disposición representa no solo un alivio económico, sino también un reconocimiento a sus años de aportes y trabajo formal.
La ANP celebró este pronunciamiento y señaló que constituye una victoria para los adultos mayores que han mantenido una lucha constante ante el Estado. Sin embargo, advirtió que el reto ahora será que el gobierno cumpla con la ejecución de esta medida, ya que en anteriores ocasiones las sentencias a favor de los pensionistas no siempre se tradujeron en acciones concretas.
Por otro lado, especialistas en derecho laboral han explicado que esta disposición de la CIDH obliga al Estado peruano a implementar políticas inmediatas para dar cumplimiento a la norma, lo que podría generar un impacto significativo en el presupuesto público. El debate, según señalaron, estará en cómo garantizar la sostenibilidad financiera sin desatender la justicia social que los jubilados reclaman desde hace décadas.
En ese sentido, se espera que en los próximos días el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se pronuncien sobre el mecanismo que se aplicará para materializar el pago de estas pensiones.
Mientras tanto, los jubilados del DL 19990 mantienen la expectativa de que esta decisión histórica finalmente les permita acceder a una pensión justa, acorde al costo de vida actual y a los años de servicio que brindaron al país.
