Las organizaciones criminales buscan infiltrar la política y ganar las elecciones, advierte exministro del Interior Cluber Aliaga

 

Por Valeria Ponce

 

Cluber Aliaga Lodtmann, general PNP en retiro y exministro del Interior, con años de experiencia en seguridad, inteligencia e investigación criminal. En esta entrevista, analiza la crisis de seguridad que vive nuestro país y advierte que el mayor peligro ya no es la extorsión en las calles, sino la infiltración del crimen organizado en la política.

 

– ¿Hasta dónde ha llegado el poder de las organizaciones criminales en el Perú?

El tema de los homicidios, extorsiones y criminalidad pertenece a un cambio en la conducta delictiva del país, el fortalecimiento de bandas organizadas que se han convertido en organizaciones criminales con mayor influencia y área de acción. Este fortalecimiento se ha debido a muchos factores, siendo los más importantes la deficiente capacitación policial, la falta de apoyo hacia la Policía Nacional y la ausencia de mejoras sustantivas en el sistema de justicia, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE, fundamentalmente. Las propuestas de los partidos deben incidir en optimizar el trabajo de todas las instituciones de control social. La seguridad mejorará en la medida en que esos cuatro actores fundamentales hagan mejor su trabajo. Por otro lado, es importante contar con una legislación más clara y efectiva contra las organizaciones criminales. La gran amenaza en este momento es que estas organizaciones, ya fortalecidas, pretendan no solo obtener ganancias ilícitas, sino también el control territorial y el poder político: que algunos de sus integrantes, o personas financiadas por ellos, postulen a gobiernos regionales, municipalidades o el Congreso. Eso pone en grave riesgo el estado de derecho y la continuidad democrática del país. El nivel de amenaza es mucho más complejo que el que representan actualmente el sicariato o el cobro de cupos de extorsión. Estas organizaciones van a querer injerencia directa en los asuntos políticos, y eso sí representa una gran amenaza para la seguridad nacional y el orden interno.

 

– ¿Reflejan las cifras oficiales la realidad de la extorsión en el país?

Hay que entender el proceso de las organizaciones criminales. En primer lugar, viene la fase de amedrentamiento, los sicariatos y atentados buscan atemorizar a las víctimas para que dejen de denunciar. […] En un segundo momento, cuando la población percibe que el Estado no es eficiente, deja de denunciar, pierde confianza en las autoridades y comienza a someterse. En ese escenario, baja la denuncia, baja el número de muertos registrados, pero el delito de extorsión persiste. Es más: se fortalece y se incrementa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en realidad el delito de extorsión no es difícil de combatir. El extorsionador debe contactarse y comunicarse con la víctima, la víctima debe hacer un pago; se puede seguir la trazabilidad del dinero y de las comunicaciones para encontrar a los autores. Lo que se requiere es un trabajo más efectivo de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones que facilitan el acceso a los registros de comunicaciones y movimientos de dinero.

 

– Con el foco mediático en las elecciones, ¿es este el momento más peligroso para bajar la guardia frente a la extorsión?

No, de ninguna manera. Los delincuentes son oportunistas; siempre van a buscar ventajas y ocupar espacios vacíos. Lo que hay que hacer es identificar la cifra negra de la criminalidad: aquellas personas que son víctimas de delitos y no están denunciando. Eso fortalece a las organizaciones criminales porque operan sin denuncias, sin sanciones, y van expandiendo su área de influencia. Es importante entender que detrás de un registro bajo de denuncias puede haber una cifra negra muy alta. Eso lo pueden medir encuestadoras mediante encuestas anónimas para identificar a víctimas que no denuncian porque han perdido la confianza en las autoridades públicas.

 

– ¿Quiénes son los responsables de haber llegado a esta crisis de seguridad?

Los políticos durante los últimos años han actuado de la peor manera. Han permitido el ingreso de más de un millón y medio de venezolanos. ¿Había trabajo para esa cantidad de personas, además de la demanda laboral de los propios peruanos? ¿Tenía el Estado peruano los recursos para brindar educación, salud y vivienda a un millón y medio de inmigrantes llegados de un momento a otro? Han sido decisiones totalmente irresponsables que nos están pasando factura todos los meses. Por otro lado, la falta de equipamiento de la Policía es notoria. Se sacaron promociones aceleradas de policías que, antes de terminar su período de formación, egresaron como efectivos, y la calidad del servicio policial no es la que se esperaba. Esas decisiones fueron tomadas por los políticos, y cuando digo políticos, me refiero al presidente de la República y a quienes estuvieron en el Ejecutivo en su momento.

 

– ¿Puede el nuevo gobierno revertir una crisis que en 2025 dejó más de 2.200 homicidios, el récord más alto en la historia reciente del país?

Cualquier gobierno que entre y quiera resolver el tema de la seguridad ciudadana tiene que tener en cuenta que debe trabajar mucho. Acá no se trata solamente de establecer objetivos; cada objetivo que hay que lograr demanda esfuerzo y trabajo de campo intenso. Los dos partidos que están en segunda vuelta tienen propuestas diferentes. Ninguna de las dos asegura el éxito total solo aplicando sus propuestas. Normalmente trazan objetivos, pero no señalan la estrategia, es decir, cómo van a lograrlos. Lo que veo es que Fuerza Popular quiere mejorar lo que se está haciendo actualmente, fortaleciendo más a la Policía, mientras que Juntos por el Perú apunta a un trabajo a largo plazo, en temas de prevención social cuyos resultados no se verán de manera inmediata. Hay una diferencia bastante marcada.

 

– ¿En qué momento perdió la Policía su capacidad de investigación criminal y qué se necesita para recuperarla de manera efectiva?

A la Policía se le quitó. Hay que recordar que fue la Policía la que logró capturar a los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, una Policía que tenía la dirección de la investigación criminal en la etapa policial. Al quitársele esa función, los policías fueron perdiendo conocimientos sobre los procedimientos de investigación, y eso ha permitido que las organizaciones criminales crezcan y se fortalezcan. Lo que hay que hacer es contar con una Policía investigativa sólida, como la tienen los países más desarrollados del mundo: técnica, científica, con laboratorios criminalísticos adecuadamente equipados. Y esto es urgente, porque ahora la delincuencia no es solo nacional, es transnacional. Si el país no tiene un cuerpo de investigación criminal de élite y alta capacidad, no solo sufriremos los efectos de la delincuencia nacional, sino también de la extranjera. […] Tenemos que fortalecer las instituciones que deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos.

 

– Según la Cámara Internacional de Transporte, el 80% de las empresas del sector pagan cupos de hasta 30.000 soles mensuales a organizaciones criminales. ¿Por qué el empresario prefiere pagar antes que denunciar?

Básicamente, se trata de la ineficiencia en el trabajo de la Policía y de los demás actores públicos que tienen que ver con el tema de seguridad, porque la Policía no es la única responsable. La Policía no ha podido combatir a las organizaciones criminales de manera exitosa porque ha estado muy limitada y ha perdido muchas competencias. Recién el año pasado se le restituyó la función de la investigación preliminar; esperamos que en adelante la Policía se fortalezca y logre recuperar esas competencias de investigación que tenía antes, y que pueda combatir de manera más eficaz, más rápida y célere el accionar de las organizaciones criminales. Se tienen que hacer ajustes importantes, pero hay que tener en cuenta que la investigación y el combate de la delincuencia son un trabajo de campo, no de oficina. Es un trabajo que tienen que hacer los cuerpos policiales y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con leyes que limitan o restringen de manera innecesaria la actuación de la fuerza policial. Por otro lado, es importante darle a la población la garantía de que cuenta con una institución preparada y confiable. Es fundamental mejorar la capacitación y la formación profesional de los policías, así como los sistemas de control. La población tiene que confiar en la Policía, y para eso la Policía tiene que ser confiable: en los hechos, la población tiene que ver que nuestra Policía es una institución mucho más preparada, técnica, científica, y que actúa con respeto a la ley ya todos los derechos fundamentales.

 

– ¿Cuánto tiempo tomaría sentir una mejora sostenida en la seguridad ciudadana? ¿Bajaría la criminalidad en ese plazo o seguiría igual?

Trabajando con intensidad se pueden tener mejoras sustantivas en el corto plazo, pero el fortalecimiento real de las instituciones —que estén sólidas y con prestigio— va a demandar por lo menos cinco a diez años de trabajo intenso y sostenido. Con el compromiso del propio presidente de la República y de las máximas autoridades podemos conseguir instituciones que garanticen paz, orden y tranquilidad; un orden interno adecuado que es condición básica para el desarrollo nacional. Tenemos que ir bajando toda la a cadena criminal sin esperar al nuevo gobierno, en este gobierno las instituciones públicas tienen que hacer su mayor esfuerzo. La Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE tienen un encargo constitucional en este gobierno y en cualquier gobierno. Lo que se necesita es que los funcionarios públicos se comprometan realmente a trabajar en favor de la población.

 

– ¿Existe algún amparo legal para impedir que personas con antecedentes criminales accedan a cargos públicos?

Estamos viendo que personas con antecedentes por delitos e incluso terrorismo han postulado e inclusive han ganado elecciones. La situación es difícil; tenemos leyes muy permisivas. Es más fácil ser congresista, alcalde o gobernador que acceder a un cargo público de carrera, para el cual necesitas maestría, doctorado y experiencia profesional de varios años. Para ser alcalde, gobernador o congresista, en cambio, los requisitos son mínimos, edad y ser peruano. Inclusive si alguien ha sufrido una condena y ha sido liberado, puede postular. El nivel de exigencia que se han impuesto los propios partidos políticos es demasiado bajo para los más altos cargos del país, y eso es una grave amenaza a la democracia.