Escándalo en Línea Amarilla se suma a perjuicio por S/17 millones detectados hace meses
Una vez más el cobro de peajes en la concesión Línea Amarilla, que fue producto de irregulares tratos durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se encuentra en el ojo de la tormenta.
Hace unas semanas, el Poder Judicial sentenció al exgerente de Villarán, Domingo Arzubialde Elorrieta, a 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.
Según la acusación fiscal, Arzubialde hizo un reajuste de tarifas del peaje a favor de Lamsac, integrada por la brasileña OAS, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor (IPC) desde la suscripción del contrato de concesión –es decir, desde el 12 de noviembre del 2009– hasta el 31 de julio del 2013. Ello, pese a que el cambio debió darse desde el 31 de enero del 2013 hasta el último día del mes anterior al inicio de operatividad del proyecto; es decir, a partir del 5 de octubre del 2013.
Tras la condena, la Comisión de Defensa del Consumidor exigió la anulación de dicho cobro.
En tanto, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, informó que los cobros irregulares generaron un perjuicio extra patrimonial al Estado de S/17 millones.
NUEVO ESCÁNDALO
A esto se suma que la Defensoría del Pueblo cuestionó el cobro de peajes electrónicos. A través de un comunicado, la entidad hizo un llamado a Indecopi para que supervise y fiscalice a la concesionaria LAMSAC y a Pex Perú SAC, empresa administradora del peaje electrónico.
“Las personas que acceden a este sistema deben suscribir un contrato de adhesión con Pex Perú SAC, obligándose a adquirir una etiqueta electrónica que tiene un costo de S/30, a realizar una recarga mínima inicial de S/20, a pagar S/5.90 por mantenimiento mensual, y asumir cualquier ajuste de tasas o comisiones que de manera unilateral decida la mencionada empresa”, señaló la defensoría.
Asimismo indicó que los usuarios que opten por este sistema tienen que pagar las mencionadas sumas adicionales a la tarifa de S/5.70.
“Según un Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, la concesionaria hasta agosto del 2016 obtuvo beneficios irregulares de más de 8 millones de soles, derivados de los costos extras aplicados en el cobro del peaje electrónico”, se lee en el pronunciamiento.
NEGOCIADOS
Durante la gestión de Susana Villarán se hicieron modificaciones al contrato de concesión Línea Amarilla, que implicaron reconocer un pago de 160 millones de dólares a favor de la concesionaria, pese a que las irregularidades fueron cometidas por la entidad privada.
La gestión Villarán ni siquiera cuestionó lo que ocurría a través de un arbitraje o una adenda. El mecanismo de compensación fue el incremento en el peaje.
El otro proyecto de peajes cuestionado es Vías Nuevas de Lima, de 115 kilómetros, que en 2013 Villarán entregó a la empresa Odebrecht por 30 años de usufructo. A cambio, en tres años Odebrecht tenía que culminar una serie de intercambios viales, puentes y pistas nuevas.
La Contraloría detectó que la gestión edil favoreció en varios aspectos a la empresa concesionaria, y hasta le permitió hacer aumentos en el peaje sin ajuste a ley. En sus primeros cuatro años de concesión, el concesionario ha obtenido ingresos de peaje por más de 600 millones de dólares. Y son treinta años de concesión.
