El congresista por la región San Martín, Arturo Alegría, advirtió que ante el vencimiento del plazo que tenía el Ministerio de Energía y Minas para reglamentar la Ley de Biocombustibles N° 32276, la comisión parlamentaria de Energía y Minas deberá citar al titular de esa cartera, Jorge Luis Montero, para que explique por qué aún no se ha cumplido.
En declaraciones a La Razón, el legislador señaló que “el plazo para reglamentar la ley N° 32276 ya venció y, hasta la fecha, no tenemos reglamento. Esperamos que el Ministerio acelere eso. No se puede precisar si va a ser citado al Pleno, pero sí deberíamos citarlo a la Comisión de Energía y Minas”.
En ese sentido, recordó que “el Ministerio de Energía tiene una primera obligación: reglamentar la ley que hemos aprobado en este Congreso. Considero que esta reglamentación debe centrarse en establecer parámetros para incrementar o aumentar la obligatoriedad de mezcla. Esto es un tema técnico: en este momento estamos en B5, lo que significa que usamos 5% de biodiesel, que puede ser de soya, palma o girasol, y más 95% de diésel fósil, que es el petróleo”.
Dado que, según explicó, “tenemos materia prima, es decir la palma, de donde se extrae el aceite y se produce el biodiesel, y contamos con capacidad de agroindustria instalada para poder participar en el mercado nacional de biocombustibles. Como dato, en nuestro país hay una demanda de más de 300 mil toneladas de biodiésel; en la actualidad, más del 95% de ese biodiésel es importado, dejando de lado a nuestros productores peruanos”.
Ante la pregunta por los beneficios que le traería a la sociedad peruana tener una industria de biocombustibles desarrollada, el parlamentario dijo que era “sencillo, ya que se va a disminuir la contaminación que se produce por uso de combustible fósil. Por lógica, si la obligación de mezcla es 95% de fósil, ponemos más petróleo contaminante al biodiésel, y si eso pasa, tenemos más contaminación. Otro punto importante es que en la reglamentación también tiene que participar DEVIDA para desarrollar la palma aceitera como un cultivo alternativo a la hoja de coca. En toda la Amazonía, sobre todo en Tocache (San Martín), Boquerón y Neshuya (Ucayali), se arrebató al narcotráfico más de 50 mil hectáreas que antes sembraban coca; hoy se siembra palma. La agroindustria de la palma se desarrolla con un enfoque de sostenibilidad porque se siembra en áreas que están habilitadas para hacerlo, pero también hay asociaciones de palma que tienen áreas de conservación. Actualmente, 8 mil familias están vinculadas directamente al cultivo de la palma; estamos hablando de 40 mil personas solo en el cultivo. Es necesario aumentar a 7,5% el porcentaje de biodiésel y dejar de lado ese 5% que hoy se exige. La ley aprobada en el Congreso es buena porque permite que los reglamentos se adecúen para mejorar la participación nacional en la industria del biodiesel”.
Finalmente, ante la conocida preocupación que tienen los palmicultores por la competencia desleal de productos extranjeros que tienen subsidios y dumping, Alegría respondió que “Indecopi no actúa de oficio. Es necesario que se refuercen las capacidades de fiscalización. Es necesario proteger a la industria nacional; no olvidemos la cantidad de familias que están detrás de esto. Más del 95% del biodiésel que se consume es importado. En esto sí hay que ser nacionalistas: tenemos palmicultores y no podemos darles la espalda”.
RESPALDO
De otro lado, el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, pidió que «ojalá que Devida, el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Energía y Minas se involucren más en este tema de la producción nacional. Lo que se pide es que el reglamento lleve involucrada a Devida, porque esto es cultivo alternativo a la hoja de coca, y a Sunat para que todas estas prácticas elusivas de derechos comerciales antidumping no ocurran porque la rama de producción nacional tranquilamente podría pedir un incremento en la participación porcentual del biodiesel en el diésel. Normalmente, en otros países, es el 5% o 10%. Pero acá no hay el mínimo interés por el lobby de las refinerías. A las refinerías no les gusta el biodiesel. Entonces, es un objetivo también que plantea esta nueva ley, que es un tema para discusión”.
En otro momento, dijo que “lo mismo se ha planteado para el etanol, pero con el etanol están metidos grupos grandes como el Grupo Rodríguez Banda y el Grupo Romero. Ellos piden un incremento de la participación porcentual del etanol en la gasolina, que hoy día es 7.8 y aspiran por lo menos a incrementarlo a más porque eso les permitiría vender más etanol, que está bien porque tienen capacidad».
«La reacción del Minem fue decir que ‘están viendo darle más aumento de participación porcentual al etanol’. Y me parece bien. Pero con el biodiesel, como son cooperativas de gente más modesta, 8.000 familias, el Minem dice que no que el biodiesel que se fabrica con ese aceite de palma no cumple la norma técnica peruana, lo cual es falso, porque los productores locales le venden a refinería La Pampilla, que es una multinacional que puede comprar en cualquier lado y prefiere el producto peruano porque lo tiene acá, se ahorra el flete y tiene calidad. Entonces, la Dirección de Hidrocarburos viene cuestionando a nuestros palmicultores y les está diciendo que su producto de aceite de palma produce biodiesel de baja calidad. Entonces, hay un trato diferente».
