El presidente colombiano oficializó el cierre de tres mesas de negociación heredadas del gobierno de Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el cierre de tres mesas de diálogo que habían sido instaladas durante el gobierno de Gustavo Petro como parte de la denominada política de “Paz Total”. La decisión supone un cambio significativo en la estrategia del Ejecutivo frente a las organizaciones armadas ilegales y prioriza, según el nuevo Gobierno, el sometimiento a la justicia y la acción de la Fuerza Pública.

Las conversaciones que fueron terminadas involucraban al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Gobierno argumentó que no existían suficientes evidencias de una voluntad efectiva de paz, reinserción y abandono de las actividades ilegales por parte de estas estructuras.

La medida fue formalizada mediante varias resoluciones expedidas el 28 de agosto. Con ellas, además de finalizar las mesas, se revocaron las credenciales de los representantes del Gobierno que participaban en las negociaciones y se retiró el reconocimiento oficial a los delegados de los grupos armados.

Un giro frente a la política de Petro

El cierre de las negociaciones representa una ruptura con uno de los principales ejes de la administración anterior. Gustavo Petro impulsó la política de “Paz Total” con el objetivo de alcanzar acuerdos de desmovilización con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales.

Sin embargo, varios de estos procesos enfrentaron dificultades y no lograron consolidar acuerdos definitivos. El Gobierno de De la Espriella sostiene ahora que no continuará conversaciones cuando no exista una disposición concreta de los grupos a abandonar las armas y someterse a la justicia.

La decisión también llega en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad. En los últimos días, el mandatario colombiano ha anunciado medidas contra integrantes de organizaciones armadas y ha respaldado una mayor intervención de la Fuerza Pública.

¿Qué implica el fin de las mesas?

El cierre de estos espacios modifica las condiciones bajo las cuales los grupos armados podían mantener conversaciones formales con el Estado. Para el Ejecutivo, la prioridad será recuperar el control territorial y combatir a las estructuras que continúen desarrollando actividades ilegales.

No obstante, la decisión también genera interrogantes sobre el futuro de los integrantes de grupos que ya habían iniciado procesos de desarme o acercamiento con el Estado. Organizaciones y expertos han advertido que algunos excombatientes podrían quedar en una situación de incertidumbre si no existe una ruta clara para su reincorporación.

Con esta medida, De la Espriella consolida uno de los principales cambios de su administración en materia de seguridad: el abandono de las negociaciones con estos tres grupos y el retorno a una estrategia basada en la presión militar y el sometimiento a la justicia. El Gobierno deberá ahora demostrar que esta nueva política puede reducir la violencia y recuperar el control de las zonas afectadas por la presencia de estructuras armadas.