La denuncia contra el legislador Luis Cordero Jon Tay también fue archivada
La Comisión de Ética votó a favor de cerrar el caso contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, al no encontrarse evidencia que respalde la afirmación de que él haya ejercido influencia en la aprobación de la ley que reduce los plazos de prescripción, de la cual se benefició.
El informe de la Comisión, que sugiere desestimar la denuncia, recibió la aprobación de 13 votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones.
El documento señala que Soto no fue el responsable del proyecto de ley, no intervino en las discusiones y expresó su oposición durante la votación. A pesar de ello, respaldó la propuesta en la segunda votación del 11 de mayo, siguiendo la decisión de su grupo parlamentario.
Además, se especifica que Soto, en su papel de portavoz de la bancada, suscribió la extensión de la agenda del pleno con el fin de obtener la aprobación del proyecto. No llevó a cabo la coordinación con el Ejecutivo para la promulgación ni con el Poder Judicial para la implementación, sin buscar obtener beneficios personales de la norma.
«La defensa técnica del congresista Soto, en uso de sus facultades para definir las líneas de defensa, invocó la ley de prescripción», lo que permitió archivar en el Cusco un proceso penal en contra de Soto.
En esa perspectiva, sugiere que se desestime la denuncia automática por violación al Código de Ética Parlamentaria.
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La Comisión de Ética también cerró la investigación oficial contra el congresista Luis Cordero Jon Tay, acusado de formar parte de una supuesta red de espionaje durante el gobierno de Pedro Castillo.
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Según el informe, no se pudo verificar que el mencionado legislador viajara a Panamá con el propósito de comprar equipos de interceptación telefónica, ni se encontraron pruebas de que facilitara el número de la congresista Martha Moyano para espiar sus llamadas telefónicas.
El documento destaca que no hay una investigación en curso en el Ministerio Público relacionada con la presunta interceptación de las comunicaciones de los opositores de Pedro Castillo, en colaboración con Jorge Hernández Fernández, conocido como «El Español».
