Se viene persecución política contra las fuerzas del orden.
La Organizaciones de Naciones Unidas pretende acusar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de supuestas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en contra del gobierno y en respaldo del golpista Pedro Castillo.
Este informe podría ser utilizado para que ONG de derechos humanos persigan a las fuerzan del orden con procesos judiciales.
La Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un informe sobre las protestas que tuvieron lugar tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo de diciembre de 2022.
De acuerdo a dicho documento, las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) habrían hecho un “uso desproporcionado” de la fuerza para contener a los manifestantes, que incluso estaría “fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”.
Señala que las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes” durante las protestas a escala nacional celebradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Ante esta conclusión, la oficina que dirige al alto comisionado Volker Türk exhortó a las autoridades peruanas a “emprender reformas significativas” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, lo que incluiría “permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo”.
El informe subraya que, en las protestas, iniciadas tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza, incluida la fuerza letal.
En ese sentido, la OACNUDH consideró que “hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú”, aunque precisó que “algunas de estas violaciones derivarían de asuntos estructurales relacionados con la respuesta de las autoridades a las protestas”.
No obstante, el documento saludó también ciertas iniciativas del gobierno, como la “creación de una comisión multisectorial de apoyo a las víctimas coordinada por el Ministerio de Justicia”, lo que representaría “un paso importante para adoptar e implementar medidas provisionales para brindar apoyo económico a las víctimas”.
Además, la OACNUDH señaló que “el gobierno ha dado un paso importante al proporcionar una ayuda económica única a las víctimas de las protestas y sus familias”.
Finalmente, el reporte verificó “208 casos de policías y militares heridos durante las protestas” y “74 actos de destrucción de bienes públicos y privados en diferentes regiones del país en el contexto de las manifestaciones”.
