La causa de esta contaminación es provocada por los laboratorios clandestinos que elaboran cocaína en zonas cercanas a los ríos
La comunidad nativa de Unicpacuyacu pertenecientes al pueblo indígena Kakataibo, han denunciado que las aguas de sus ríos San Alejandro, Pacuyacu y Sungaroyacu están sumamente contaminadas debido a los laboratorios clandestinos que elaboran cocaína. Para la comunidad la situación es critica ya que los habitantes toman de esa agua, y se están viendo damnificados en su salud, además de que están afectando la flora y fauna.
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Para Marcelino Tangoa Apu de Unipacuyacu, los laboratorios clandestinos terminar el trabajo y arrojan los residuos al río, a las quebradas matando así a todos los seres vivos que habitan en el, los peces, a las plantas. el Apu de Unipacuyacu señala que varios miembros de la comunidad indígena han manifestado enfermedades gastrointestinales y dérmicas, que lo mas seguro es que estén relacionadas con la calidad del agua, sostiene la autoridad indígena.
Los pobladores habían logrado contactar con la Dirección Regional de Salud para que tomen muestras de agua la, la Dirección Regional de Salud de Huánuco, pero hasta el momento no han llegado. Esto genera molestia entre los residentes de la zona ya que no sienten que haya seriedad en el caso.
Comúnmente las comunidades de Unipacuyacu, Nueva Alianza y Nueva Austria del Sira se enfrentan a la proliferación de cultivos de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinas para el comercio de drogas en su localidad.
Siguiendo el mismo hilo conductor, el territorio indígena, ya ha presentado una demanda contra la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco (DRAH) desde hace 32 años pero el proceso no se ha dado nunca por culminado. La última acción legal presentada fue el pasado 10 de abril de 2024, buscando que el Poder Judicial obligue a la DRAH a entregar un título de propiedad colectivo, para el reconocimiento y la protección de los territorio.
Unipacuyacu ha solicitado sin éxito la titulación de sus tierras, en diferentes oportunidades, las cuales han sido invalidas y degradadas por actividades ilegales como la minería, la tala excesiva de árboles y ahora el narcotráfico. En 2020, la situación se vio agravada con el asesinato premeditado de Arbildo Meléndez Grandéz, exjefe y defensor de derechos humanos de la comunidad, asesinado debido a las amenazas provenientes de estas comercios ilícitos.
