A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio por concluida la designación del fiscal titular Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Así lo dispuso en una resolución publicada ayer domingo en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
«Dar concluida la designación del abogado Jorge Wayner Chávez Cotrina, fiscal titular especializado contra la criminalidad organizada de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro -designado en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada- como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada», indica la disposición en el artículo primero.
En el cargo de Chávez Cotrina, la titular del Ministerio Público designó a Fany Soledad Quispe Farfán, fiscal superior titular especializada contra la criminalidad organizada de Lima, designada en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.
La funcionaria asumirá, además, la jefatura de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Cabe resaltar que Jorge Chávez Cotrina fue designado en el cargo en marzo del 2015, por el entonces fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.
Según se indica en la resolución, los cambios se hacen en el marco «del proceso de modernización de la gestión pública y alineado con el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): “Incrementar la capacidad resolutiva de casos fiscales requeridos por la sociedad”; objetivo tal que se orienta a mejorar la celeridad del servicio que ofrece el Ministerio Público, con especial énfasis a su función constitucional como titular de la acción penal, lo cual importa la intervención del fiscal como ente encargado de conducir la investigación del delito; por tanto, con incidencia directa en la celeridad procesal».
