Tras ser liberada a finales de 2020, Huang continuó con su activismo hasta su nueva detención en septiembre de 2021
Un tribunal en el sur de China ha sentenciado a cinco años de prisión a la periodista Sophia Huang, figura destacada del movimiento #MeToo en 2018. Huang, de 36 años, ayudó a varias demandantes en un caso de acoso sexual que implicaba a un prominente profesor de la Universidad de Pekín. La sentencia, basada en cargos de subversión del Estado, también condena a tres años y medio de prisión al activista Wang Jianbing. Ambos han estado detenidos en Guangzhou desde 2021.
La noticia, adelantada por Reuters tras acceder a la sentencia judicial, ha generado preocupación entre los grupos de derechos humanos. Estos grupos denuncian que la audiencia celebrada el viernes fue notificada a los familiares y abogados con solo 24 horas de antelación, dificultando cualquier estrategia de apelación y la presencia de medios de comunicación.
El juicio, llevado a cabo a puerta cerrada en septiembre del año pasado en el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou, fue inaccesible para diplomáticos estadounidenses que solicitaron asistir a las sesiones, pero se les negó el acceso. Los veredictos finales subrayan la opacidad y el control estricto del sistema judicial chino sobre los casos que involucran a activistas y disidente.
Sophia Huang se destacó en las redes de activismo por sus crónicas en un blog donde denunciaba la represión de las autoridades chinas contra abogados de derechos humanos y exponía casos de acoso sexual frecuentemente silenciados en los tribunales. Su participación en el movimiento #MeToo fue solo una faceta de su compromiso con la justicia social y los derechos humanos.
También puedes leer
En 2019, Huang cubrió las protestas pro democracia en Hong Kong, manteniendo una postura crítica con el gobierno de Pekín. Su activismo la llevó a ser detenida bajo la acusación de «provocar problemas», un cargo comúnmente utilizado por las autoridades chinas para silenciar a los disidentes. Huang pasó tres meses bajo el sistema de «vigilancia residencial en un lugar designado» (RSDL), un mecanismo extrajudicial que permite a la policía aislar a individuos acusados de poner en peligro la seguridad nacional, excluyendo a los abogados del proceso. Este sistema se ha convertido en un agujero negro de desapariciones forzosas por el que han pasado numerosos activistas.
Tras ser liberada a finales de 2020, Huang continuó con su activismo hasta su nueva detención en septiembre de 2021 junto con Wang Jianbing. Ambos se dirigían al aeropuerto para tomar un vuelo a Reino Unido, donde Huang había recibido una beca para estudiar un máster sobre cuestiones de género en la Universidad de Sussex. Sin embargo, fueron arrestados antes de poder salir del país.
Meses después, las autoridades anunciaron los cargos formales de «incitación a la subversión del poder estatal», un delito que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años. Hasta la fecha, Huang y Wang han cumplido dos años y nueve meses de prisión, tiempo que será descontado de sus sentencias.
El caso de Sophia Huang y Wang Jianbing subraya las crecientes tensiones entre el gobierno chino y los defensores de los derechos humanos, así como el uso continuo de tácticas judiciales y extrajudiciales para silenciar a aquellos que se atreven a desafiar al estado. Las condenas recientes han suscitado críticas internacionales y renovados llamados a la liberación de los presos políticos en China.
