Conflictos por tierras afectan al Centro de Estudios Agroalimentarios

El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, denunció que los hechos se han producido con frecuencia inusual en las primeras semanas de 2022.

El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, denunció que los hechos se han producido con frecuencia inusual en las primeras semanas de 2022.

El Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela advirtió el martes sobre una creciente «ola rural de violencia» y conflictos por la propiedad y apropiación de tierras en la nación caribeña. Edison Arciniega, presidente del centro, advirtió en un comunicado de prensa: “Estamos observando con temor la existencia y desarrollo de una ola de violencia y el estallido de conflictos en territorios que Venezuela posee y ocupa.

Además, aseguró que ante el “paro absoluto de las instituciones del Estado”, los hechos reportados por estas hasta la fecha incluyen dos atentados y tres secuestros para 2022.

Señaló que el Estado venezolano, a través de los tribunales y el Instituto Nacional de Tierras (Inti), “ha confirmado la titularidad de los campesinos y productores, pero nadie ha hecho cumplir esta medida”.

Según él, esto dificulta que los propietarios trabajen la tierra y fomenta la ocupación ilegal de tierras de cultivo en el país a través de la ocupación militar. “Hasta ahora ha estado marcado por una ocupación semiviolenta, nunca armada. A estas alturas parece que empezamos a dar un gran paso adelante”, explica Arciniega.

Los detalles del Centro de Investigación Agrícola y Alimentaria incluyen «más de 200 medidas administrativas no tomadas por ninguna agencia estatal» y «más de 300 casos de acoso brutal a trabajadores del campo. Campamento no busca ayuda de la fuerza pública».

La Iniciativa de Educación, Producción y Protección Ambiental (EPA) de Venezuela condenó este martes, en un auto separado, actos de destrucción ambiental y ambiental en Táchira, fronteriza con Colombia, por actos de «explotación, extorsión, microtráfico, narcotráfico».

El coordinador del proyecto dijo: “Así como la minería ilegal, la explotación de minerales y recursos naturales que se realiza en la zona minera del Orinoco, ha sido condenada una y otra vez, por el propio gobierno, el organismo es el estado Táchira, en la ciudad de Lobatra» comentó Elías Cáeres en nota de prensa de la ONG Fundaredes. Desde el proyecto EPA, que incluye a las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan, la Fundación para el Bienestar Social y el Desarrollo Humano Sustentable (Ceides), aseguran que es una «minería inconsciente en zonas del mundo esta tierra, afecta nuestra ecología, perjudica nuestro ambiente».


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