La Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú tiene previsto debatir el martes 7 de mayo el predictamen del proyecto de ley que plantea eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para crear una Escuela Nacional de la Magistratura. De esta manera, el organismo presidido por Antonio de la Haza, y que se encuentra en conflicto con el Parlamento, correría el riesgo de desaparecer.
La Junta Nacional de Justicia se dedicó a perseguir y suspender sin ninguna prueba a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, actuando en alianza con la fiscal Marita Barreto para controlar el Ministerio Público y blindar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes han sido acusados de realizar un cerco judicial al expresidente Alan García y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
De acuerdo con el documento, la Escuela Nacional de la Magistratura, que reemplazará a la JNJ, “es el centro superior de alta especialización e investigación académica encargada de la selección y formación de los aspirantes a jueces y fiscales, así como de sus nombramientos”.
También se encargará de la capacitación de estos magistrados con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento; así como, de extender el título que los acredite como jueces o fiscales en su correspondiente grado y de su cancelación en los supuestos previstos por la ley.
“Asimismo, se encarga de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público previo concurso público de oposición y méritos y de un periodo de especialización e inducción”, se lee en el predictamen.
El órgano central de este organismo será un consejo directivo conformado por un juez supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos y un exrector de las universidades nacionales públicas y privadas, licenciadas y con más de 50 años de antigüedad, elegido por sus rectores en ejercicio en un proceso electoral organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En otro extremo del predictamen se precisa que una vez la reforma constitucional se aprobada y publicada oficialmente, concluirán las funciones de la JNJ y de la Academia de la Magistratura (AMAG), adscrita al Poder Judicial.
La Contraloría General de la República, durante el proceso de transferencia, se encargará de “cautelar el acervo documentario y administrativo de ambas instituciones y de supervisar su transición hacia la Escuela Nacional de la Magistratura, debiendo dictar al efecto las disposiciones administrativas correspondientes
