Sin sustento técnico ni presupuesto claro, el Congreso impulsa la creación de nuevas universidades públicas.
El Congreso peruano ha iniciado una carrera sin freno hacia la creación de universidades públicas. En lo que va del año, ha aprobado la formación de 12 instituciones en regiones como Puno, Lima, Cusco, Piura, Junín e Ica, sumando a las dos aprobadas entre 2022 y 2023. Así, ya se contabilizan 14 nuevas universidades estatales. Sin embargo, la intención de los legisladores no se detiene allí: actualmente hay tres proyectos con autógrafa y un dictamen que plantea la apertura de 21 más, lo que elevaría la cifra a 38 nuevas universidades.
Para los especialistas, este panorama es alarmante. Según el exviceministro de Educación José Luis Gargurevich, estas propuestas responden más a un interés populista que a una planificación técnica adecuada. “Abrir una universidad desde cero puede tardar entre 5 y 8 años, dependiendo de la infraestructura y los recursos. Sería más efectivo fortalecer las filiales de las universidades públicas ya licenciadas”, señaló.
La creación de universidades sin sustento técnico contrasta con los avances logrados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que durante ocho años logró reorganizar el sistema universitario. Este proceso incluyó el cierre de 46 universidades privadas que no cumplían con los estándares mínimos y el licenciamiento de 99 instituciones (50 privadas y 49 públicas). Sin embargo, este trabajo se ve amenazado por la proliferación de propuestas legislativas sin un análisis profundo.
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Miriam Ponce, exministra de Educación, advirtió que muchas de estas iniciativas no contemplan los recursos necesarios. Según sus estimaciones, solo el primer año de funcionamiento de 50 universidades requeriría un presupuesto de 5,000 millones de soles. Además, mencionó que en varias localidades será difícil encontrar docentes con maestrías y doctorados, lo que afectará la calidad educativa.
Mientras tanto, los congresistas detrás de estas propuestas, entre ellos Waldemar Cerrón, Guido Bellido y José Balcázar, defienden las iniciativas como una respuesta a la demanda de educación superior en regiones históricamente olvidadas. Sin embargo, especialistas como Gargurevich insisten en que este enfoque es insostenible y poco realista.
La situación genera incertidumbre sobre el futuro de la educación superior en el país, mientras el Congreso prioriza medidas que comprometen recursos, tiempo y calidad sin garantizar resultados tangibles para la población.
