La medida permitirá frenar las actividades delictivas asociadas al crimen organizado.
El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen que establece el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias de aquellos presuntamente vinculados al delito de extorsión. Esta iniciativa busca fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a numerosos sectores de la sociedad peruana.
Con 104 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el dictamen fue exonerado de segunda votación, permitiendo su pronta aplicación. La propuesta incorpora un artículo a la Ley 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), facultando a dicha entidad, así como a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, a solicitar el congelamiento de las cuentas financieras de personas presuntamente involucradas en extorsión. Este procedimiento podrá llevarse a cabo de manera administrativa, siempre que se presenten pruebas que justifiquen el requerimiento.
El congelamiento de cuentas es una herramienta clave para desarticular las redes de extorsión y prevenir el uso de recursos ilícitos en actividades delictivas. La medida busca cortar las fuentes de financiamiento de estos grupos, afectando directamente su capacidad de operar y extorsionar a ciudadanos y empresas.
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El dictamen se encuentra respaldado por el Proyecto de Ley 9034/2024-CR, el cual representa un avance significativo en la lucha contra la extorsión. En este sentido, la UIF-Perú jugará un papel esencial al permitir que las autoridades tomen acciones rápidas y eficientes para frenar este delito.
En otro tema relacionado con la seguridad, el Congreso también aprobó una modificación al Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Esta reforma detalla el uso de armas letales y no letales en situaciones de flagrante delito, precisando que los agentes policiales podrán hacer uso de armas de fuego en casos donde la vida de las personas o la de los oficiales se vea amenazada de manera inmediata. La modificación busca ajustar las normativas para que la intervención policial sea más efectiva en el contexto de situaciones peligrosas.
Con 89 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones, esta norma también fue exonerada de segunda votación. El nuevo marco legal clarifica el uso de la fuerza y la responsabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones, apuntando a garantizar la seguridad y el orden público.
