El informe, elaborado por el congresista Héctor Ventura, se basa en denuncias de Alejandro Muñante y Patricia Chirinos. Según la acusación, el gobierno de Vizcarra promovió una cuestión de confianza para frenar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional sin que fuera aprobada en el Consejo de Ministros, lo que se considera una infracción.
Tras la aprobación del informe, el caso pasará al Pleno del Congreso, que decidirá si ratifica o rechaza la inhabilitación. En el caso de Walter Zevallos, la votación fue postergada por su ausencia.
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Horas antes de la votación, Vizcarra no asistió al Congreso y denunció que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ignoró los descargos que presentó el 31 de julio. A través de sus redes sociales, afirmó que el Tribunal Constitucional ya validó la disolución del Congreso y calificó el proceso como una persecución política.
Además, la Comisión Permanente aprobó la inhabilitación por 10 años del exministro del Interior, Rubén Vargas, acusado de abuso de autoridad por ordenar el pase al retiro de generales de la Policía Nacional durante el gobierno de Francisco Sagasti.
La votación contó con el respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. También sumaron votos Avanza País, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia. Ahora, la decisión final la tendrá el Pleno del Congreso.
