Denuncias contra Rosio Torres, Katy Ugarte y José Arriola fueron bloqueadas por mayoría. “Mocha sueldos” del Congreso solo recibirán sanciones menores, y, en algunos casos, saldrán totalmente impunes.
Otorongo no come otorongo. En el cierre de la ahora vencida segunda legislatura, tres parlamentarios denunciados por “mocha sueldos” fueron protegidos por mayoría durante la última sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, la cual se celebró el día de ayer viernes 23 de junio, y apenas recibieron sanciones menores.
Se tratan de Rosio Torres (Alianza Para el Progreso), José Arriola (Acción Popular) y Katy Ugarte (No agrupada), todos ellos acusados por haber recortado ilegalmente el peculio de los trabajadores de sus respectivos despachos congresales.
La primera de las parlamentarias nombradas tendría que haber recibido 120 días de suspensión del Congreso por el delito que se le imputa; sin embargo, a pedido de su colega de bancada Cheryl Trigozo, solo fue “sancionada” con 30 días de multa.
La amonestación contra esta madre de la patria fue admitida pese a que, en la víspera, una extrabajadora de su despacho reveló ante la misma comisión que ella le entregó “en la mano” parte de su remuneración mensual, además de los bonos que recibió.
Para el segundo caso, el parlamentario José Arriola fue protegido por su correligionario Luis Aragón, quien interpuso un pedido de reconsideración a la votación del informe de calificación que aprobó abrir una investigación su contra a raíz de unas supuestas solicitudes hechas por él a sus trabajadores del Congreso para que le entreguen aportes económicos “de manera voluntaria”.
Respecto del tercero, originalmente se planteó sancionar con 30 días de suspensión a la congresista Katy Ugarte, pero la votación para aprobar dicha acción fue rechazada con 8 votos en abstención; no obstante, este caso volverá a ser debatido en una siguiente sesión de la Comisión de Ética.
Como se recuerda, la exintegrante de la bancada parlamentaria de Perú Libre es acusada de exigirle a sus colaboradores del Congreso entre 300 y 400 soles a fin de pagar a medios de comunicación para mejorar su imagen.
Cabe señalar que, además de estos tres casos, otras dos parlamentarias acusadas por el mismo delito también han sido blindados por la Comisión de Ética presidida por la congresista Karol Paredes. Dichas legisladoras son: Heidy Juárez y Magaly Ruiz.
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