El Pleno aprobó en primera votación una iniciativa que busca tipificar estos crímenes en la legislación peruana, alineándolos con estándares internacionales.

El Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que plantea incorporar los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal peruano, en una decisión que ha generado amplio debate en el ámbito político y jurídico.

La propuesta busca establecer de manera expresa este tipo de crímenes en la legislación nacional, siguiendo los lineamientos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual define estos delitos como actos cometidos en el marco de ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil.

Según el dictamen aprobado, se considerarán delitos de lesa humanidad conductas como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, la violación sexual, el secuestro y la trata de personas, siempre que formen parte de un ataque organizado contra civiles.

Asimismo, la propuesta establece una diferenciación clara entre estos crímenes y los delitos comunes, con el objetivo de fortalecer su persecución y sanción dentro del sistema judicial peruano.

Al tratarse de una reforma legal de esta naturaleza, el proyecto deberá ser sometido a una segunda votación en el Congreso antes de su eventual promulgación, tal como lo establece el procedimiento legislativo.

Este paso será clave para definir si la iniciativa se convierte en ley y entra en vigencia en el país.

La medida ha generado posiciones divididas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un avance en materia de derechos humanos y adecuación a estándares internacionales, otros advierten posibles implicancias en procesos judiciales vinculados a hechos del pasado.

En ese contexto, especialistas han señalado que el tratamiento de los delitos de lesa humanidad en el Perú ha sido un tema sensible, especialmente por su relación con casos ocurridos durante el conflicto armado interno.

La incorporación de estos delitos al Código Penal forma parte de un debate más amplio sobre justicia, memoria y responsabilidad en el país.

El resultado final de esta propuesta podría marcar un precedente importante en la forma en que el sistema judicial peruano aborda los crímenes más graves contra la población civil.