El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció sobre el posible allanamiento que podría realizar el Ministerio Público a diversos despachos de los parlamentarios que han sido incluidos en la investigación que se está desarrollando contra la fiscal suspendida Patricia Benavides.
Como se recuerda, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, anunció que 14 congresistas y dos exfiscales adjuntos supremos han sido introducidos en la investigación contra Benavides Vargas, quien habría liderado una organización criminal.
Los legisladores que han sido señalados por este ente judicial son: Martha Moyano Delgado, Patricia Chirinos Venegas, José Balcázar Zelada, Katy Ugarte Mamani, Edgar Tello, German Tacuri Valdivia, Luis Cordero Jon Tay, Jose Williams Zapata, Luis Ángel Aragón Carreño, José Enrique Jeri Oré, Ilich Fredy López Ureña, Cesar Manuel Revilla Villanueva, Jorge Luis Flores Ancachi, y el propio titular del Congreso, Alejandro Soto Reyes.
Precisamente, Tello, de Bloque Magistral, señaló a través de su cuenta de Twitter «que existen comentarios de allanamiento a los domicilios y despachos de los congresistas en las próximas semanas, motivado aparentemente por la Fiscal Delia Espinoza».
Encontrando una inmediata respuesta de Soto Reyes también por la misma red sociales: «Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado».
Cinco congresistas presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Este recurso fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Se trata de los legisladores Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Luis Cordero (Acción Popular) e Ilich López (no agrupado), quienes acusan a la fiscal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones.
