La corrupción en el Perú ya no solo paraliza obras: las encarece de forma escandalosa. Según el informe preliminar de la Comisión Especial de Control Concurrente, más de S/ 63,150 millones se han elevado los costos en 967 inversiones en 18 regiones.

A ello se suman los S/ 43,000 millones en más de 2,572 obras paralizadas, muchas de ellas con presupuestos inflados que nunca se ejecutaron.

Durante visitas inopinadas a las obras en 18 regiones, la comisión que preside José Luna detectó que 967 inversiones superaban el 100 % de incremento respecto al monto viable. En algunos casos, el presupuesto se elevó hasta en 500%.

El sector Salud lidera el ranking del despilfarro, seguido por Transportes, Vivienda y la Presidencia del Consejo de Ministros. Solo estos sectores concentran S/ 34,205 millones en sobrecostos. En gobiernos regionales, se hallaron 653 inversiones con incrementos que suman S/ 28,944 millones.

 

CASOS

El caso más alarmante es el del Hospital Antonio Lorena, en Cusco, cuyo presupuesto pasó de S/ 278 millones a S/ 1,395 millones, un aumento del 402 %. En Sullana, el Hospital de Apoyo II-2 subió de S/ 250 millones a S/ 999.4 millones. Y en La Libertad, el Hospital Provincial de Cascas II-1 se disparó en 418.3 %, superando los S/ 360 millones.

Pero no solo los hospitales están en la mira. En plena crisis de seguridad ciudadana, el penal de Ica, paralizado desde 2020, pasó de costar S/ 269.7 millones a S/ 877 millones. En Pucallpa, el penal pasó de S/ 102 millones a S/ 369 millones. La Escuela Técnica PNP de Iquitos elevó su presupuesto en 2,298 %, alcanzando los S/ 482.6 millones.

Las causas estructurales del problema son claras: expedientes técnicos deficientes (10.9 %), incumplimiento de contratos (25.4 %), falta de financiamiento (21.2 %) y controversias legales que concentran el 34.5 % del monto paralizado. Pero el factor más grave es el incremento sustantivo de presupuestos: 1,610 proyectos duplicaron su costo original y 154 lo elevaron en más de 500 %.

La Comisión de Control Concurrente informó a la Fiscalía de la Nación de los graves indicios de delitos vinculados a la corrupción, como colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en inversiones en distintas regiones del país. También se remitió un informe a la Comisión de Fiscalización, advirtiendo de las irregularidades.

A marzo de 2025, se registraban 2,572 obras públicas paralizadas, con una inversión total de S/ 43,163 millones. De ese monto, S/ 22,512 millones aún no han sido ejecutados. Son 617 entidades las que mantienen obras detenidas, muchas por corrupción o negligencia.

 

CONTROL CONCURRENTE

El control concurrente ha demostrado ser eficaz: entre 2022 y 2024 evitó el desvío de más de S/ 12,000 millones, con una inversión de S/ 1,440 millones. Por cada sol invertido, se recuperaron ocho.

Sin embargo, su presupuesto fue recortado por la Ley 32103, de 2 % a 0.5 %, y luego a 0.6 % con la Ley 32187. Esto provocó el despido de más de 3,500 trabajadores y una caída drástica en los servicios de control: de 56,000 en 2023 a apenas 823 hasta abril de 2025.

Ante ello, la comisión ha presentado dos proyectos de ley, uno ya en la agenda del pleno, que buscan fortalecer esta modalidad de control, dotarlo de recursos necesarios y fortalecer la coordinación entre los entes involucrados.

Cabe indicar que más del 70 % de las alertas emitidas por la Contraloría siguen sin corregirse.

 

 

Otros 7 departamentos

La comisión ha solicitado ampliar su vigencia para fiscalizar siete departamentos aún no visitados, revisar 351 inversiones paralizadas mayores a S/ 5 millones y monitorear proyectos en EsSalud y Fonafe, que manejan ingresos por S/ 36,000 millones.