Productora de aceite de castaña recibió ayuda para asistir a evento en París
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se defendió de las acusaciones que lo vinculan con el presunto uso indebido de recursos públicos en favor de una empresaria cercana a su entorno familiar. La controversia estalló tras un informe del dominical Punto Final, que reveló que María Jesús Gonzálvez Postigo, fundadora del aceite de castaña «De la Abu su Secreto», habría sido beneficiada con un viaje a Francia financiado con fondos del Parlamento, pese a su amistad con el titular del Legislativo.
En conferencia de prensa, Salhuana negó cualquier irregularidad en la asignación del apoyo y aseguró que la ayuda se justificó en el marco del reconocimiento que recibió Gonzálvez por parte de una institución internacional con sede en París. «El apoyo brindado a la ciudadana no es porque sea amiga mía ni de ningún integrante del Congreso. Se otorga porque ella recibe un premio internacional», afirmó el congresista, visiblemente incómodo ante las preguntas de la prensa.
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El legislador calificó el reportaje periodístico como “malicioso” y cuestionó duramente el rol de los medios, afirmando que “el periodismo puede convertirse en un vil oficio”. No obstante, evitó responder con precisión sobre el financiamiento del pasaje aéreo ni los criterios específicos utilizados para elegir a la empresaria como beneficiaria del apoyo del Parlamento.
Gonzálvez, según se ha conocido, mantiene una relación de cercanía con la familia Salhuana, pues ambas vivieron en la misma zona de Puerto Maldonado y compartieron vínculos de amistad. La empresaria también trabajó para Salhuana durante su gestión como congresista entre los años 2000 y 2005. En diálogo con Punto Final, reconoció dicha relación, aunque negó haber solicitado el viaje. “Yo no le pedí nada a nadie. Fue una iniciativa de la señora (Ivonne Ruiz) para apoyar a una emprendedora de Madre de Dios que, casualmente, soy yo”, indicó.
El penalista Fernando Silva advirtió que el caso podría constituir el delito de negociación incompatible. Según explicó, si un funcionario aprueba beneficios en favor de una persona con la que mantiene un vínculo personal, como sería el caso de Gonzálvez, se estaría ante una posible defraudación a la función pública, delito que se sanciona con hasta seis años de prisión.
Hasta el momento, el Congreso no ha entregado detalles sobre el costo del pasaje ni ha respondido a las solicitudes de transparencia del medio de comunicación. Una consulta a portales de aerolíneas estima que el boleto superaría los 1,500 dólares. La falta de información oficial sigue alimentando las dudas sobre un presunto uso indebido de recursos estatales y la posible existencia de favoritismo.
