Reforma constitucional que buscaba excluir a condenados por terrorismo y tráfico de drogas no alcanzó los 87 votos requeridos.
El Congreso de la República fracasó en su intento de aprobar una reforma constitucional que planteaba restricciones a la postulación de personas sentenciadas por delitos graves en las elecciones generales de 2026. Con solo 64 votos a favor, la iniciativa no alcanzó los dos tercios necesarios para su aprobación.
La medida, impulsada por la Comisión de Constitución, pretendía inhabilitar durante 10 años a quienes hayan sido condenados por terrorismo, tráfico de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria. Sin embargo, la propuesta no incluía delitos como corrupción y lavado de activos, lo que generó críticas desde diversos sectores.
Entre las bancadas que apoyaron la reforma estuvieron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. No obstante, todas las agrupaciones de izquierda, incluyendo Perú Libre, Juntos por el Perú, el Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista, votaron en contra, sellando el destino del proyecto.
Un debate polarizado
La falta de consenso marcó la discusión en el hemiciclo. Algunos legisladores, como Víctor Cutipa del Bloque Democrático Popular, cuestionaron la coherencia de quienes impulsaron la norma. “Ayer defendían que el pueblo decida sobre la reelección de alcaldes y gobernadores, pero ahora no confían en que los ciudadanos puedan rechazar en las urnas a candidatos con antecedentes penales”, señaló.
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El dictamen presentado este viernes también generó controversia por los cambios realizados respecto a versiones anteriores. Mientras que en 2023 y junio de 2024 se incluían delitos como colusión, peculado, homicidio y trata de personas, la versión actual se centró únicamente en terrorismo, tráfico ilícito de drogas y atentados contra la seguridad nacional.
El reloj corre en contra
Para que esta ley tenga efecto en las elecciones de 2026, debe ser aprobada en dos votaciones antes de abril, plazo en el que la presidenta Dina Boluarte convocará oficialmente al proceso electoral. Sin embargo, la falta de acuerdos y la proximidad de los plazos hacen que este objetivo sea cada vez más lejano.
Este fracaso se suma a otros intentos fallidos del Congreso esta semana, como la reelección de autoridades locales y la ampliación de los miembros del Tribunal Constitucional. Ante este panorama, se espera una ola de pedidos de reconsideración para intentar salvar las iniciativas.
