Monto representa los sueldos que no le pagaron a excongresista
El presidente del Congreso, José Williams, y los parlamentarios que componen la Mesa Directiva decidieron pagar S/745.420 a la excongresista del APRA Tula Benites. Esta cantidad equivaldría a todos los sueldos que la exparlamentaria dejó de recibir desde 2008, cuando la suspendieron porque la acusaron de contratar a un auxiliar inexistente en su despacho, llamado Juan Carlos Cuadros Noriega.
Como pruebas, se supo que este supuesto trabajador no acudió al despacho nunca ni recogió el fotocheck que lo acreditaba como servidor público en el Congreso.
Este señalamiento se presentó mediante una denuncia constitucional por la presunta comisión de los delitos de peculado, colusión y falsedad genérica.
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Tras aprobarse, se aplicó el artículo 25 del Reglamento del Congreso, que indica que los sueldos de un congresista suspendido se deben depositar en una cuenta especial. Solo se entregará el monto acumulado si la Corte Suprema absuelve a la congresista de los cargos presentados en su contra.
Así ocurrió en el caso de Tula Benites, pues la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió absolverla de la denuncia luego de que hallara que no fue responsable de la contratación del falso auxiliar Juan Carlos Cuadros Noriega, lo que fue duramente criticado por el Parlamento.
Padro Sánchez, Fiscal Supremo, anunció que plantearía un recurso de nulidad para que quede sin efecto esta sentencia y así Tula Benites pueda ser investigada nuevamente y sometida a un juicio oral. Pero tal intención no se concretó.
Por esta decisión, Tula Benites demandó al Parlamento ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima y exigió una indemnización de 2,5 millones de soles porque le causaron daños al suspenderla.
La aprista también recurrió al Tribunal Constitucional porque su demanda de cumplimiento, con la que solicitaba el pago de S/629.200, fue rechazada. Así ocurrió en primera y segunda instancia en el Tercer Juzgado Constitucional y la Segunda Sala Civil de Lima. Pero los tribunos decidieron que su recurso legal no procedía porque la excongresista ya había acudido al Vigésimo Tercer Juzgado de Lima.
