La propuesta incluye al expresidente Pedro Castillo, a los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, y a otras personas procesadas por estos hechos.
Un grupo de congresistas de la bancada Juntos por el Perú y Obras presentó un proyecto de ley que propone conceder una amnistía al expresidente Pedro Castillo y a otras personas investigadas, procesadas o condenadas por hechos relacionados con la crisis política y social iniciada el 28 de julio de 2021, así como por las protestas posteriores al 7 de diciembre de 2022.
La iniciativa plantea extinguir las acciones penales y las penas impuestas por delitos vinculados con las manifestaciones sociales ocurridas después de los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización institucional del país.
Sin embargo, el alcance temporal de la propuesta es más amplio. El documento establece que el beneficio comprendería los hechos registrados desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la eventual ley. Esto incluye los acontecimientos previos al 7 de diciembre de 2022, los ocurridos en esa fecha y los posteriores.
Entre los argumentos expuestos por los autores del proyecto figura la necesidad de contribuir a la pacificación y reconciliación del país, promover la convivencia democrática y fortalecer el Estado constitucional de derecho.
Asimismo, la iniciativa sostiene que el derecho penal no debe utilizarse para sancionar el ejercicio de derechos como la reunión pacífica, la libertad de expresión y la participación política.
El anexo del proyecto menciona expresamente entre los posibles beneficiarios a Pedro Castillo; los extitulares del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez; el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, además de otras personas procesadas o condenadas por hechos relacionados con las manifestaciones.
Delitos excluidos de la propuesta de amnistía
El proyecto también establece restricciones y excluye del beneficio a las personas involucradas en hechos que hayan provocado la muerte de una o más personas o lesiones graves dolosas.
Tampoco contempla la amnistía para quienes hayan cometido violencia sexual, secuestro, tortura, trata de personas o desaparición forzada.
La propuesta también excluye los actos cometidos por funcionarios, servidores públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional durante el uso de la fuerza o en operaciones de control del orden público. Esta restricción alcanza a quienes hayan ordenado, planificado o encubierto dichos actos, especialmente cuando constituyan graves violaciones de derechos humanos.
La iniciativa deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para su eventual debate y aprobación en el Congreso.
