Se hace justicia, señala María del Carmen Alva
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, calificó como un acto de justicia la promulgación de la ley que busca garantizar el cumplimiento de la devolución de aportes a los ex fonavistas que esperan hace más de veinte años la entrega de su dinero.
Las declaraciones se dieron tras un acto desarrollado en la plaza José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo al que asistieron legisladores de diferentes bancadas y representantes de la Asociación -Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAFP)
La futura norma, aprobada por insistencia por el Pleno del Congreso, en forma unánime, precisa la Ley 31173, ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, ley de devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Tras destacar el consenso alcanzado entre todas las bancadas parlamentarias, Alva Prieto dijo que la autógrafa hace una precisión del artículo 5 de la Ley 31173, en el sentido que la Comisión Ad-Hoc está conformada por tres representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Oficina de Normalización Previsional y tres representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.
Además, se dispone que la Comisión la preside uno de los representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú.
La titular del Parlamento recordó el legado de Javier Alva Orlandini, su tío, quien luchó por ese tema siendo presidente del Tribunal Constitucional, al emitir la sentencia en la cual se precisa que el Estado debe devolver todos los recursos del Fonavi.
“Saludamos a los cientos de miles de peruanos a quienes con esta ley se les está haciendo justicia”, puntualizó la titular del Parlamento.
En tanto, el legislador Carlos Anderson (NA) ratificó el compromiso del Congreso con la población y los fonavistas del país, aprobando leyes y reformas que permitan el bienestar social y económico de sus ciudadanos.
