El Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. La medida fue respaldada con 92 votos a favor, 24 en contra y 1 abstenciones.

La reforma, impulsada por la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), permitirá que los congresistas elegidos desde el periodo 2026 no puedan ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del propio Congreso, salvo en casos de flagrancia.

Durante el debate en el hemiciclo, Rospigliosi apoyó el proyecto y alegó que muchos países en el mundo tienen inmunidad para sus congresistas. En tanto, la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) rechazó tajantemente la aprobación de la inmunidad parlamentaria. «Hay que recordar que la inmunidad fue concedida para asegurar el ejercicio independiente de su función peo en el Perú esta figura ha sido usada para que los políticos no respondan por sus delitos», sostuvo.

Según el dictamen aprobado, si un congresista incurre en un delito en flagrancia, el Congreso contará con un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre el pedido de levantamiento de inmunidad. Si no lo hace en 30 días, se aplicará el “silencio positivo”, permitiendo que el Poder Judicial actúe sin el aval legislativo.

La norma excluye los delitos cometidos antes del inicio del mandato parlamentario, pero blinda a los legisladores durante su función y hasta 30 días después de dejar el cargo. Esta protección había sido eliminada en 2020 como parte de una serie de reformas promovidas en medio de una creciente presión ciudadana contra la impunidad política.