También por caso Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
En la próxima reunión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, programada para el 6 de noviembre, el presidente de la comisión, Carlos Zeballos de Podemos Perú, presentará y defenderá dos propuestas en las que solicitará al Congreso la creación de dos comités de investigación.
La primera de estas propuestas se centrará en el caso de la subutilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), mientras que la segunda abordará el informe titulado «La granja de los científicos bamba» emitido en el programa Punto Final.
La Red Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) abarca un extenso tramo de 13,636 kilómetros en el territorio de Perú, siendo concebida con la finalidad de disminuir la disparidad en el acceso a las tecnologías digitales.
«La Red Dorsal, que empezó a operar el 2016, es un «millonario elefante blanco» que, después de siete años, apenas funciona al 8% de su capacidad instalada, pese a que la infraestructura le costó al país 330 millones de dólares, monto al que hay que adicionar los gastos de mantenimiento y operación, que son varios millones de dólares más», expresó el congresista Zeballos Madariaga.
Además, mencionó que la red se mostró como una inversión que no tenía viabilidad económica, por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) optó por rescindir el contrato de concesión con la empresa Azteca.
«La inoperancia de la RDNFO genera pérdidas millonarias que asumimos todos los peruanos y debemos investigar para encontrar responsables», afirmó el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso.
En relación al informe titulado «La granja de los científicos bamba», que exponen la supuesta presencia de una organización delictiva dedicada a generar investigadores a través de la adquisición y divulgación de artículos, el legislador solicitará la autorización para establecer una comisión de investigación encargada de esclarecer esta seria acusación.
El período solicitado abarcará 120 días laborables, durante los cuales se investigarán las presuntas anomalías en la compra y venta de investigaciones científicas.
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De este modo, se podrán identificar responsabilidades de índole política, civil, penal y administrativa, y se tomarán las medidas adecuadas contra aquellos que se determinan como responsables de la investigación, explicó
