El MEF indicó que este tipo de descuentos no está contemplado en la normativa vigente para trabajadores del Estado.
Entre 2022 y 2025, el Congreso de la República transfirió S/2 626 000 a Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) mediante descuentos aplicados a los salarios de trabajadores afiliados a estas organizaciones políticas, según reveló un reportaje del programa Punto Final.
De acuerdo con la investigación, el mecanismo utilizado corresponde a los denominados «aportes voluntarios», mediante los cuales trabajadores militantes autorizan que una parte de su remuneración sea descontada directamente de la planilla del Parlamento para ser transferida a sus respectivos partidos políticos.
Los registros financieros obtenidos por el dominical muestran que Fuerza Popular recibió el mayor monto durante ese periodo, con un total de S/1 333 000. Le sigue Perú Libre con S/834 000, mientras que Alianza para el Progreso obtuvo S/459 000.
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Según el reportaje, los trabajadores reciben sus salarios luego de que se descuente previamente el importe destinado a las agrupaciones políticas, dinero que posteriormente es transferido desde las cuentas del Congreso mediante cheques o depósitos bancarios.
Ante esta práctica, el programa consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que respondió que la normativa vigente no contempla este tipo de descuentos dentro de la planilla estatal. Precisó que únicamente están permitidos los descuentos autorizados por ley, las cuotas sindicales o aquellos ordenados por mandato judicial.
El abogado laboralista Christian Sánchez también cuestionó el procedimiento al considerar que se utilizan recursos administrativos y contables del Estado para recaudar fondos destinados a organizaciones políticas sin un respaldo legal expreso.
«Es un caso preocupante, porque el trabajador ve afectada su remuneración para que ese dinero sea trasladado a un partido político y se usan los mecanismos de la entidad estatal, los recursos públicos, para gestionar transferencias de dinero a partidos políticos sin ninguna cobertura legal», señaló el especialista durante el reportaje.
La investigación pone nuevamente bajo debate el uso de la infraestructura administrativa del Congreso para ejecutar este tipo de descuentos y las implicancias legales de un mecanismo que, según especialistas y el propio MEF, no estaría regulado dentro del marco normativo vigente.
