Congreso y Ejecutivo cuadran a la Corte IDH

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo sentirse “indagando” ante el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado peruano no adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana para hechos ocurridos antes de 2002.

“Estoy indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, señaló a la prensa tras realizar el Consejo de Ministros.

Añadió que “resulta intolerable” que llame a los tres poderes del Estado de un Estado soberano para impedir que ejerza las funciones que constitucionalmente les ha sido atribuidas. Hoy jueves la Comisión Permanente se reunirá para aprobar este proyecto que pone fin a la persecución política contra militares y policías que derrotaron al terrorismo. Ya habría los votos para sancionar favorablemente la norma.

“Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado, es decir el Poder Judicial y El Poder Legislativo a efectos de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta, manifestando por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”, apuntó.

La Corte IDH solicitó al Perú que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto.

Se trata de un proyecto de ley multipartidario, promovido por los legisladores José Cueto (Honor y Democracia) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que requiere una segunda votación en el pleno, a fin de ser enviado al Poder Ejecutivo.

Este proyecto busca hacer justicia con militares y policías que fueron perseguidos por ONG caviares por derrotar al terrorismo en los años 1980 y 1990.

“Este proyecto de ley tiene como objeto restaurar la legalidad en el Perú que ha sido pisoteada y violada impunemente por magistrados prevaricadores y politizados, que ha utilizados criterios jurídicos no aplicables para perseguir, procesar y sentenciar injustamente a militares y policías que en las décadas de 1980 y 1990 derrotaron al terrorismo e impidieron que esas hordas criminales esclavizaran a los peruanos y destruyeran el país”, dijo el congresista Fernando Rospigliosi, autor del proyecto de ley.

 


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