En el marco de la investigación que dirige la fiscal Delia Espinoza, el Poder Judicial otorgó permiso para que se le entreguen copias de documentos clave, incluyendo las actas de registro y allanamiento, de la operación denominada ‘Valkiria V’. Dicho operativo, ejecutado en noviembre del año anterior, está relacionado con Albel Hurtado y culminó con la detención de Jaime Villanueva, ambos entonces asesores de la suspendida Patricia Benavides.
De esta manera, la documentación será remitida por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) a la fiscalía suprema anticorrupción, que se encarga de la investigación del caso que involucra a Benavides e implica a fiscales y congresistas.
La resolución, firmada por el juez Raúl Justiniano Romero del 8° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, permitirá el envío de 17 documentos relacionados con Hurtado, quien está acusado por el Ministerio Público de formar parte de la supuesta organización criminal dirigida por Benavides.
Dicha documentación incluye actas de allanamiento y registro llevadas a cabo en la residencia y oficina de Hurtado el 27 de noviembre de 2023, así como registro vehicular, personal y de dispositivos electrónicos como celulares, USB, y discos duros externos.
Según información del caso, en la oficina de Hurtado se encontró datos sobre los procesos disciplinarios a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop.
De otro lado, el Poder Judicial rechazó el pedido de la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides, para que ordene al Ministerio Público que precise las razones por las cuales solicita la entrega voluntaria de su celular en la investigación que se le sigue por presunta organización criminal.
La suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides deberá entregar, de forma voluntaria, su celular o los teléfonos de su uso personal ante el despacho de la fiscal Suprema Delia Espinoza, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por presunta organización criminal.
Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó la doctora Patricia Benavides para que se ordenara al Ministerio Público precisar las razones por las cuales solicita la entrega voluntaria de estos equipos
