La medida busca combatir la ola de extorsiones y garantizar la seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de Dina Boluarte ha implementado un estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, como respuesta a la creciente ola de delincuencia y extorsiones que afecta a la capital. Este estado de excepción, anunciado después de las manifestaciones de transportistas el pasado 26 de septiembre, tiene como objetivo frenar las acciones delictivas que han golpeado gravemente a los transportistas y a las empresas locales.
Medidas de seguridad reforzadas
El ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) será la principal responsable de mantener el control del orden interno en las zonas afectadas, con apoyo eventual de las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario. Este respaldo militar tiene como propósito disuadir la acción de bandas criminales que operan en el norte de Lima, responsables, entre otros actos, del reciente incendio que destruyó 26 buses en el distrito de Independencia.
Además, el Gobierno ha anunciado la ampliación del penal de alta seguridad Challapalca, con el objetivo de trasladar a delincuentes procesados por actos de terrorismo urbano, un concepto que empieza a ganar relevancia en las discusiones políticas y que podría generar nuevas medidas legislativas.
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Debate sobre el terrorismo urbano
El Congreso también ha decidido actuar rápidamente en respuesta a esta crisis. Eduardo Sulhuana, presidente del Congreso, anunció que el 1 de octubre se llevará a cabo un pleno extraordinario para debatir un proyecto de ley que busca clasificar ciertas acciones delictivas como «terrorismo urbano». Esta nueva categorización permitiría aplicar sanciones más severas a quienes cometan delitos relacionados con extorsión, incendios provocados y ataques sistemáticos contra el transporte público.
Implicancias del estado de emergencia
Con la implementación del estado de emergencia, se suspenden varios derechos constitucionales en los distritos afectados. Las autoridades podrán ingresar a domicilios sin orden judicial en casos de emergencia, se restringirán las reuniones y se limitará la libertad de tránsito. Estas restricciones están diseñadas para facilitar la lucha contra las organizaciones criminales que han sembrado el caos en la ciudad.
Nueva paralización de transportistas
A pesar de las medidas anunciadas, los gremios de transportistas de distritos como Los Olivos han confirmado una nueva paralización de sus servicios para el 3 de octubre, en protesta por las continuas amenazas de extorsión que sufren. Los conductores señalan que temen por sus vidas y aseguran que no reanudarán el servicio hasta que se garantice plenamente su seguridad.
