Se usurpación funciones para contratar a dedo a dos excolaboradores de la campaña electoral. Se repartieron, además, 6,943 raciones de alimentos sin identificar a los que lo consumieron.
Castillo, Toledo y Fujimori podrían coincidir en el mismo penal
A puertas de cumplirse 3 meses desde la destitución del golpista Pedro Castillo, continúan apareciendo evidencias de cómo se manejó su gestión. Para muestra dos botones. La Contraloría General de la República descubrió que se contrataron funcionarios de manera muy informal, que no cumplían con los requisitos, mientras que, a la par, se repartió comida indiscriminadamente y sin registro de beneficiarios.
Se reveló mediante un informe de control específico que evidencia que la Subsecretaría General requirió, entre agosto del 2021 y marzo del 2022, asistencia de redes sociales y servicios fotográficos, a pesar que dicha dirección no tiene funciones de comunicación y prensa.
¿Quiénes fueron los beneficiados de estos contratos fraudulentos?
Dos personajes que colaboraron activamente en la campaña electoral de Pedro Castillo: José Cristóbal Quispe y Franco Pomalaya Neyra, este último es un frecuente visitante del golpista en el penal de Barbadillo, Ate.
Las irregularidades no culminan con eso. El informe de control concluye que, para contratar a Cristóbal y Pomalaya, la Oficina de Abastecimiento no realizó “el respectivo estudio de mercado”, lo que dio pie a la “contratación de proveedores al margen de la normativa”.
“(José Cristóbal) presentó documentos carentes de veracidad para sustentar la experiencia requerida, afectando la correcta gestión de las contrataciones del Estado”, indicó la Contraloría en el documento.
Quienes fueron los impulsadores de las cuestionadas contrataciones fueron Ysmael Mayurí Quispe y más adelante Beder Camacho, ambos fungían como subsecretarios generales del Despacho Presidencial. Estos trabajaron con el consentimiento de Pedro Castillo.
Tanto Mayurí como Camacho plantearon requerimientos para contratar por “no contar con personal” y “que se necesita de manera urgente el servicio de asistencia”.
Sin embargo, la Contraloría denuncia que la contratación de asistencia para redacción, revisión de contenido de redes sociales, registro fotográfico y demás, no forman parte de las competencias de la Subsecretaría General sino de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Es decir, se usurpó la labor de otro sector.
De igual manera, durante el mismo periodo, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa sí tenía a dos profesionales de prensa que se podían desempeñar cumpliendo esas labores.
En consecuencia a este evidente direccionamiento de contratación, Franco Pomalaya, quien es acusado de maltratar a una reportera en determinado momento en una actividad de Castillo, recibió un total de S/72,400 y José Cristóbal S/113,900, entre 2021 y 2022.
Cocina
Otro informe de la Contraloría revela que, de enero a junio del 2022, en las instalaciones de Palacio de Gobierno se repartió comida sin identificar al personal beneficiario.
“Se prescindió de las autorizaciones y procedimientos para la entrega de alimentos en el comedor del despacho presidencial, lo cual no fue supervisado por el director de la Oficina de Operaciones para cautelar el estricto cumplimiento de la norma”, se lee en el informe.
El documento explica que se llegó a repartir 6,943 raciones, entre desayuno, almuerzo y/o cena, por un valor total de más de 35 mil soles.
“Se afectó la correcta administración del suministro de alimentos”, aseveró la Contraloría.
