En su audiencia de apelación de condena programa para el 20 de agosto, señana jurista Wilber Medina

 

VALERIA PONCE

Lo que pasó en la Corte que juzga los casos de corrupción más importantes del país entre el 22 y el 24 de junio no fue una simple disputa burocrática. Fue, según el abogado constitucionalista Wilber Medina Bárcena, especialista en Derecho Procesal y Constitucional, un asalto institucional orquestado desde adentro, con fecha, nombre y destinatario: la audiencia de apelación de la condena del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, programada para el 20 de agosto.

Todo comenzó cuando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) emitió dos resoluciones que, en la práctica, tomaron el control de la Corte anticorrupción más importante del país. La primera prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2026 el mandato del juez Jhonny Hans Contreras Cuzcano como presidente de la Sala Penal Nacional.

La segunda reconformó las presidencias y la composición de sus ocho salas superiores. El problema es que el CEPJ no tenía atribuciones legales para ninguna de las dos decisiones.

El propio estatuto de esa Corte, aprobado en 2018 por el mismo Consejo Ejecutivo, establecía que una vez alcanzadas las dos terceras partes de jueces titulares, la Sala Plena debía reunirse y elegir democráticamente a su presidente. Eso ya había ocurrido ya que la Junta Nacional de Justicia había nombrado a diez de los quince jueces superiores titulares.

«Es como si el pleno del JNE ordenara que el presidente interino Balcázar extendiera su mandato hasta fin de año, pese a que ya hubo elecciones», graficó Medina Bárcena para explicar la magnitud del atropello.

El 24 de junio en que el CEPJ publicó sus resoluciones en El Peruano, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, emitió un sonoro comunicado público exigiendo al Congreso respetar la independencia judicial y rechazar las leyes que «buscan duplicar a los jueces». El contraste no pasó inadvertido para Medina.

«Lo que hace la presidenta del Poder Judicial con la mano derecha lo termina de borrar con la mano izquierda», señaló el especialista. «Un presidente del Poder Judicial no puede presentarse como adalid de la defensa de la independencia judicial cuando tolera y fomenta que la institución que dirige atropelle y haga añicos la autonomía de los jueces de la Sala Penal Nacional.»

Detrás del Consejo Ejecutivo, Medina identifica a los jueces supremos Elvia Barrios Alvarado y Víctor Prado Saldarriaga, quienes en los hechos conducen ese órgano y quienes, a su juicio, ejecutaron lo que describe como «un golpe de Estado institucional en una muestra de poder absoluto».

El juez Contreras, cuyo mandato acababa de ser prorrogado por decreto, dictó su propia resolución reconformando las salas de manera distinta a la del CEPJ, desafiando abiertamente la decisión previa. Horas después retrocedió y dio conformidad a la versión original. Resoluciones dictadas, contradichas y anuladas en menos de 24 horas.

Para Medina, ese caos no es un accidente, sino la consecuencia directa de haber impuesto en la presidencia de la Corte a quien califica como «el amigo y juez favorito de Elvia Barrios», dejando en evidencia su «absoluta falta de idoneidad para el cargo».

El 24 de junio el CEPJ tuvo que emitir una tercera resolución ordenando a los jueces removidos que siguieran atendiendo los casos en curso, bajo amenaza de sanciones disciplinarias, para evitar el llamado «quiebre de juicio», pues si un juez se va en medio de un proceso que ya lleva meses o años de audiencias, todo lo accionado queda sin efecto y el juicio tiene que empezar desde el principio. Ese riesgo se cernió durante horas sobre megaprocesos como Lava Jato y Los Cuellos Blancos que llevan años de tramitación.

Pero más allá del caos administrativo, hay un dato que Medina Bárcena coloca en el centro de su análisis y que otorga a toda esta maniobra una lógica política precisa. La toma de la Sala Penal Nacional se produjo a unas semanas de que esa misma Corte vea el recurso de apelación contra la condena del expresidente Martín Vizcarra por graves hechos de corrupción, audiencia fijada para el 20 de agosto, el vínculo que el constitucionalista señala es directo ya que Rocío Barrios Alvarado, hermana de padre y madre de la jueza suprema Elvia Barrios, se destacó como ministra de Comercio Exterior y Turismo, y luego como ministra de la Producción, durante el gobierno de Vizcarra.

Un conflicto de interés que convierte la intervención del CEPJ en algo muy distinto a una disputa técnica sobre competencias. Para el sistema, sin embargo, no hubo delito. El Poder Judicial trató el episodio como un asunto administrativo resuelto imponiendo jerarquía desde arriba. Ni la Autoridad Nacional de Control del PJ, ni la Sala Plena de la Corte Suprema, ni la Fiscalía de la Nación intervinieron.

«Si la JNJ, la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República no se pronuncian e intervienen frente a este hecho sumamente grave, permitirán que el lobby judicial más descarado de los últimos años se concrete y pronto tengamos a Vizcarra Cornejo libre de polvo y paja», concluyó Medina Bárcena. Con esto la advertencia quedó lanzada.