La decisión judicial requiere que el gobierno peruano desarrolle un plan para trasladar a aquellos residentes de La Oroya que expresen su deseo de ser reubicados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido un fallo histórico condenando al Estado Peruano por violaciones a los derechos humanos en el caso de La Oroya. Según la sentencia, el Perú ha sido declarado responsable de violar el derecho a un medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida y la protección a la niñez.
El fallo ordena al Estado Peruano pagar una reparación por los daños tanto materiales como inmateriales sufridos por los afectados. De igual manera, deben elaborar un plan para la reubicación de los ciudadanos de La Oroya que así lo deseen.
Además, se dispone que el Perú diseñe un sistema de información con datos sobre la calidad del aire y del agua. Así, el país observa las zonas con mayor actividad minero-metalúrgica. Es así como el Perú tiene un plazo de un año para presentar un informe a la Corte IDH, detallando las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia.
El caso de La Oroya señala al Estado Peruano como responsable de los perjuicios causados a un grupo de 80 ciudadanos. Una contaminación generada por una empresa minera en la ciudad. En esta denuncia se expresa la falta de fiscalización y supervisión del país. Esta actividad mineral ha generado altos niveles de contaminación en la región.
Desde 1997, la empresa Doe Run Perú ha operado el Complejo Metalúrgico La Oroya. Es así como la compañía procesaba minerales con altos niveles de contaminantes como plomo, arsénico y dióxido de azufre. Esto ha expuesto a los ciudadanos de La Oroya a emisiones tóxicas durante varias décadas.
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