En un grosera intromisión en la legislación peruana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), entidad que se ha dedicado a defender a terroristas, dispuso que los jueces en Perú se abstengan de aplicar, por el momento, la ley de amnistía para militares, policías y civiles de los comités de autodefensa que enfrentaron al terrorismo en la década de 1980 al 2000, es decir busca que continúe una persecución contra los uniformados.
La resolución fue emitida como medida cautelar “a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie” de manera definitiva, luego de que la presidenta Dina Boluarte promulgara la norma pese a que el tribunal había pedido suspender su tramitación.
La amnistía fue impulsada en el Congreso por bancadas conservadoras, en su mayoría de derecha, con respaldo al Gobierno y presencia de exmilitares y expolicías. La norma alcanza a uniformados que lucharon contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La iniciativa promulgada por el Gobierno fue presentada por el parlamentario Jorge Montoya (HyD), quien antes resaltó que más de 1 200 familias vienen soportando durante 40 años los llamados de las citaciones fiscales a sus seres queridos.
De acuerdo con la norma, la amnistía aplica en dos situaciones específicas, el primero a los miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en los años 1980 y 2000.
En segundo lugar, a los miembros de las FFAA., Policía Nacional y a los que hayan integrado los comités de autodefensa, adultos mayores que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y/o en trámite de ejecución. Para este caso, la edad para acceder al beneficio de amnistía será a partir de los 70 años.
La promulgación de la norma se realizó en Palacio de Gobierno, en un acto con policías y militares en retiro. En esa ocasión, Boluarte acusó al tribunal internacional de injerencia y de vulnerar la soberanía nacional.
Las medidas de la Corte IDH también han impulsado a Boluarte a plantear una eventual salida de Perú del Pacto de San José. En esa línea, nombró como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez. Asimismo, dispuso la creación de un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que limite la actuación del tribunal.
RENUNCIA AL PACTO DE SAN JOSÉ
El congresista Fernando Rospigliosi solicitó la renuncia del Perú a la Corte IDH debido a que está entidad defiende a terroristas.
“Indispensable salir de la Corte IDH, organismo que protege terroristas y delincuentes, y ataca a quienes los combaten. Ahora “deciden” que no se pueden aplicar las leyes de amnistía y lesa humanidad. Ellos NO tiene competencia para imponer a un Estado soberano que normas se acatan y cuáles no. La Convención Interamericana no les da esa potestad. En realidad, es un juego político con el sistema judicial caviarizado: ahora jueces prevaricadores tomarán como pretexto lo que dice esa Corte IDH pro terrorista. Pero esos jueces serán sancionados en su momento. No pueden desacatar impunemente las leyes. Soluciones radicales!”, escribió en su cuenta X.
