Las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026 quedarán marcadas en la historia del Perú no solo por la elección de autoridades, sino por un proceso plagado de demoras, incumplimientos normativos y graves fallas en la custodia del material electoral. Según la información disponible y los reglamentos electorales, el procedimiento debía ser claro y estricto para garantizar el derecho al voto. Sin embargo, los hechos reportados revelan una serie de irregularidades que han generado indignación ciudadana y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Acá las leyes no valen nada. No ha habido un solo proceso electoral limpio en los últimos años. Todo es un circo de irregularidades: candidatos con sentencias penales firmes (252 en total, por corrupción, violencia familiar, peculado, hurto y hasta homicidio culposo) postulando como si nada, y un sistema que permite que prófugos, investigados y condenados compitan por el sillón de Pizarro. El Código Penal y la Constitución se citan cuando conviene, pero se violan sistemáticamente cuando se trata de proteger a los de siempre. Todo el país se pregunta ¿Dónde están las FFAA, cuya función principal es hacer respetar la Constitución, lealtad a la Carta Magna antes que nada?

Obligaciones

De acuerdo con la normativa electoral, todo el material electoral (cédulas, actas, ánforas y demás insumos) debía estar en los centros de votación antes de las 11:59 p.m. del día anterior al sufragio. Este material debía ser recibido y resguardado por las Fuerzas Armadas presentes, quienes actuaban como seguridad y vigilantes principales del mismo.

Si a las 00:01 a.m. el material no se encontraba en los locales de votación, los encargados de la seguridad y recepción debían informar inmediatamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a su comando superior, a la prensa y a los jefes de las instituciones involucradas. El objetivo era advertir que el material no estaría disponible en las mesas que abrirían a las 7:00 a.m. para que la ciudadanía ejerciera su derecho constitucional al voto.

Reglas claras

La ley electoral y sus reglamentos establecen que las mesas de sufragio deben iniciar su trabajo a las 7:00 a.m. Si una mesa no ha iniciado su funcionamiento hasta las 12:00 del mediodía, debe cerrarse de inmediato y registrarse su no apertura. En ese mismo acto de vigilancia, las Fuerzas Armadas, encargadas de la custodia del material asignado a esas mesas, debían informar a sus superiores sobre la no apertura y la no operación de las mesas a las 12:00 del día, hora legal de cierre.

Extensiуn de Plazo

Pese a lo anterior, se otorgó una extensión de plazo hasta las 14:00 horas para recibir material y abrir mesas que, tras más de cinco horas de espera, seguían cerradas. Esta medida es ilegal, ya que muchos electores, después de más de dos horas de espera, se retiraron de los locales sin poder votar. Esto vulneró directamente el derecho constitucional al sufragio.

Preguntas

Hasta la fecha, persisten interrogantes clave que las autoridades electorales y de gobierno no han aclarado de manera contundente:

1. ¿Cuántas mesas no abrieron a las 7:00 a.m., hora oficial de apertura?

2. ¿Cuántas mesas seguían sin abrir a las 12:00 del mediodía, tras cinco horas de espera y transcurrido el lapso legal para cerrarlas por inactividad?

Adicionalmente, surge una pregunta de fondo sobre la cadena de mando:

• ¿Por qué la superioridad de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa y Comando Conjunto de las FF.AA.) no informó, al vencimiento de los plazos legales y reglamentarios, al JNE, ONPE, Fiscalía, ¿Defensoría del Pueblo y a la prensa sobre estas condiciones?

Ausencia de auditorнa

Otro punto crítico es la falta de una auditoría independiente que verifique y valide la transcripción de las actas físicas al sistema de cómputo e información de la ONPE. La observación de personeros de partidos políticos no sustituye una auditoría técnica neutral y certificada.

Acciones

Ante esta debacle, es imperativo actuar con firmeza para restaurar la confianza en las instituciones democráticas. Las acciones recomendadas incluyen:

• Análisis profundo de los Artículos Nro. 31 Participación Ciudadana en Asuntos Públicos, Nro. 176 Finalidad y Funciones del Sistema Electoral y Nro. 181 Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de la Constitución Política del Perú.     

• Verificación si han existido funcionarios extranjeros (Venezolanos y Cubanos en la ONPE nombres apellidos y documento de identificación).

• Investigación inmediata y exhaustiva por parte de la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo

• Publicación oficial y detallada de: (a) el número exacto de mesas que no abrieron a las 7:00 a.m. y a las 12:00 m.; (b) los informes de las Fuerzas Armadas sobre las irregularidades; y (c) el estado completo de todas las actas y material encontrado en basureros.

• Anulación de las mesas afectadas que no cumplieron los plazos legales y realización de una votación complementaria bajo estricta supervisión internacional si fuera necesario.

• Auditoría técnica independiente (con participación de expertos neutrales) de la transcripción de actas al sistema ONPE.

• Sanciones ejemplares a los responsables de las fallas logísticas y de custodia

• Reforma urgente de la Ley Orgánica de Elecciones para fortalecer los plazos improrrogables, la cadena de custodia y la obligatoriedad de informes inmediatos de las Fuerzas Armadas.

El Perú merece un proceso electoral que respete la Constitución y la voluntad popular. El silencio o las explicaciones insuficientes solo profundizan la crisis de confianza. Es hora de que las instituciones respondan con transparencia total. La democracia no se improvisa ni se extiende por decreto cuando los plazos legales se han violado. Solo cabe un nuevo proceso electoral para dentro de los días que se necesiten, con nuevas autoridades electorales y copia de las actas y padrones de cada mesa, para resguardo y garantía a las FFAA, al igual que el traslado y recojo de todo el material electoral.

(*) Teniente General FAP en retiro