El Poder Judicial admitió las apelaciones relacionadas con la sanción de 10 años impuesta a la actual decana del Colegio de Abogados de Lima.
La disputa judicial por la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza continuará en una nueva instancia. El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite los recursos de apelación presentados tanto por el Congreso de la República como por la propia exmagistrada contra la sentencia que dejó sin efecto la sanción de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que resolvió conceder con efecto suspensivo la apelación presentada por la Procuraduría Pública del Poder Legislativo. El recurso busca revertir la sentencia emitida el pasado 26 de mayo, mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Delia Espinoza.
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Dicha resolución judicial consideró inaplicable la decisión aprobada por el Congreso el 5 de diciembre de 2025, cuando se dispuso la inhabilitación de la exfiscal por una presunta infracción constitucional relacionada con la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito.
Espinoza ha sostenido que nunca firmó ni aprobó dicho documento, argumento que formó parte de la demanda con la que cuestionó la sanción impuesta por el Parlamento.
La sala constitucional determinó que la apelación presentada por el Congreso cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Constitucional, por lo que será elevada a la Corte Suprema, instancia que deberá emitir una decisión definitiva sobre este proceso.
Asimismo, el colegiado admitió el recurso de apelación presentado por la propia Delia Espinoza contra la misma sentencia. Aunque el fallo le resultó favorable en parte, la exfiscal busca que se revisen otros aspectos de la resolución emitida por la sala constitucional.
Con ambas apelaciones admitidas, el caso pasará ahora a evaluación de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra respecto a la legalidad de la sanción impuesta por el Congreso y los alcances de la sentencia que favoreció parcialmente a la actual decana del Colegio de Abogados de Lima.
