Una celebración privada derivó en una violenta gresca que terminó con disparos, la muerte de un comunicador y un proceso judicial que aún genera controversia.

Una fiesta realizada en el distrito de Lince, en Lima, y vinculada a la congresista Rosselli Amuruz terminó en tragedia luego de que un periodista fuera asesinado en medio de una gresca entre asistentes.

El hecho ocurrió durante una celebración por el cumpleaños del excongresista Paul García, pareja de la parlamentaria, en una vivienda de la calle Trinidad Morán. La reunión, que congregó a diversos invitados —incluidos trabajadores del Congreso—, transcurría con normalidad hasta que, pasada la medianoche, se desató una pelea que salió del inmueble hacia la vía pública.

La víctima fue el periodista y realizador audiovisual Christian Enrique Tirado, de 31 años, quien había sido contratado para registrar el evento. Según la reconstrucción de los hechos, intentó intervenir o apartarse del conflicto, pero fue perseguido por uno de los involucrados y recibió un disparo en el pecho, lo que provocó su muerte minutos después en la vía pública.

Las cámaras de seguridad captaron tanto la pelea como el momento del disparo y la posterior fuga de los implicados. Tras el crimen, el presunto autor huyó del país, primero hacia Colombia y luego a Rusia, donde fue ubicado por Interpol. Posteriormente, fue extraditado al Perú en 2024 para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El caso también involucró a otras personas presentes en la fiesta, incluyendo a familiares y allegados del sospechoso, quienes enfrentan investigaciones por presuntos delitos como encubrimiento y omisión de auxilio. La defensa de los acusados ha sostenido que actuaron en legítima defensa, versión que deberá ser evaluada en el juicio.

La presencia de la congresista Amuruz en el evento generó un fuerte impacto político y mediático, aunque ella se retiró antes de que ocurrieran los hechos más violentos. Sin embargo, el caso continúa siendo símbolo de debate público por la mezcla de violencia, presuntos vínculos y responsabilidades en un entorno político.

A más de dos años del crimen, la familia de la víctima sigue exigiendo justicia, mientras el proceso judicial avanza con base en testimonios, peritajes y registros audiovisuales que buscan esclarecer completamente lo ocurrido aquella noche.