«Es una interferencia constitucional que podría ser una infracción jurisdiccional», adiverte Aníbal Quiroga

 

VALERIA PONCE

La renuncia del juez superior Jhonny Contreras a la presidencia de la Corte Penal Nacional (CPN) destapó una pugna de poder que, exponen las tensiones entre la administración y la independencia judicial en el Perú. En entrevista para La Razón con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga calificó lo ocurrido como «una interferencia constitucional que podría ser una infracción jurisdiccional».

La crisis inicia el 22 de junio, cuando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidido por Janet Tello, permitió extender el mandato de Contreras hasta diciembre de 2026 bajo el argumento de garantizar «continuidad administrativa». La decisión, sin embargo, chocó de frente con la llegada de nueve jueces superiores titulares nombrados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes conformaron una nueva mayoría en la Sala Plena y reclamaron su derecho a elegir democráticamente a su propia directiva. Ante la inminente pérdida de gobernabilidad interna, Contreras optó por presentar su carta de declinación directamente a Tello, alegando la necesidad de una «transición administrativa» ordenada.

Para Quiroga, lo ocurrido no es un simple ajuste de procedimientos, sino una intromisión indebida del ámbito administrativo sobre el jurisdiccional. «En la ley orgánica hay dos estructuras, la jurisdiccional y la administrativa, y no deben mezclarse», explicó el constitucionalista. Según el jurista, el Consejo Ejecutivo buscaría mantener en sus cargos a magistrados con una posición ya definida frente al control difuso, mientras posterga el ingreso de los jueces designados por la JNJ conforme a la Constitución. «Se da una interferencia entre lo administrativo y lo jurisdiccional que es indebida, es inconstitucional», Quiroga evitó calificar el hecho como delito y lo definió más bien como una posible infracción jurisdiccional que podría derivar en una acusación constitucional ante el Congreso.

Detrás del conflicto, agregó que subyace una pugna de carácter ideológico que involucra tanto a la Corte Suprema como a la Corte Superior. «Son los mismos que están siempre del mismo lado, y siempre están tergiversando el sentido de la justicia», afirmó, al tiempo que cuestionó la legitimidad del comunicado emitido por la sala plena en respaldo a Tello, el cual, recordó, solo fue suscrito por seis de las dieciocho firmas que figuran en el documento, lo que evidenciaría una representatividad limitada dentro de la propia institución.

Esto transcurre en un escenario de fuerte confrontación entre el Poder Judicial y el Parlamento, que viene impulsando proyectos para soportar las penas por prevaricato. Tello ha calificado estas iniciativas como intentos de «doblegar la libertad de los jueces» y ha exhortado a los magistrados a inaplicar normas que, a su juicio, debilitan la lucha contra el crimen organizado, postura que le ha valido amenazas de denuncia constitucional desde el Legislativo. Coincidentemente un día antes Contreras había firmado un comunicado respaldando públicamente esa misma posición de Tello.

La transición ya está en marcha, el Consejo Ejecutivo deberá oficializar la aceptación de la renuncia, tras lo cual asumirá de forma interina el juez titular más antiguo de la corte, con la única misión de convocar a la nueva Sala Plena para que los nueve magistrados recién incorporados elijan a su presidente definitivo. Se espera que este interinato no se extienda más allá de 7 a 15 días hábiles.

La mayor preocupación, sin embargo, recae sobre los megajuicios en curso. La norma procesal es clara: el cambio de presidencia es un asunto administrativo que no debería afectar los juicios orales vigentes, los cuales continúan bajo la conducción de sus respectivos colegiados, integrados por magistrados como Richard Concepción Carhuancho o Jorge Chávez Tamariz. El riesgo real está en los plazos, ya que el Código Procesal Penal prohíbe suspender una audiencia por más de ocho días hábiles, por lo que una transición prolongada podría forzar el quiebre de procesos ya avanzados y obligar a reiniciarlos desde cero.

Para Quiroga, la salida a este atrapamiento pasa necesariamente por el fortalecimiento de la autonomía jurisdiccional. «Yo creo que los jueces jurisdiccionales tienen que imponerse y poner las cosas en su orden», señaló, aunque advirtió que cualquier denuncia constitucional contra los responsables del Consejo Ejecutivo difícilmente avanzará antes del cambio de gobierno y de Congreso previsto para el 28 de julio. Mientras tanto, el Poder Judicial enfrenta una crisis que, lejos de resolverse, parece confirmar el diagnóstico del propio constitucionalista en diálogo con este diario: «Hace rato que el Poder Judicial está en crisis y no levanta cabeza, porque justamente se involucran sesgos ideológicos muy marcados».