Gremios de palmicultores exigen reglamentación de Ley de biocombustibles

 

Han pasado meses desde que el Congreso de la República promulgó la Ley de Promoción y Desarrollo del Mercado de Biocombustibles N° 32276, y hasta ahora, el Poder Ejecutivo no ha publicado su reglamentación. La demora genera preocupación entre los productores nacionales de palma aceitera, quienes ven cómo el potencial del sector se estanca ante la falta de decisión política.

En el presente informe, La Razón dará a conocer cuáles serían los motivos por los que hasta ahora no se ha elaborado la reglamentación de la mencionada norma, siendo uno de los primeras trabas la que proviene de la Dirección de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Ministerio de Energia y Minas, encabezada por Ricardo Villavicencio quien, según los gremios de palmicultores, se opondría abiertamente a la publicación del reglamento y habría obstaculizado repetidamente las gestiones para avanzar con el marco normativo.

Esta situación ha generado tensiones internas dentro del propio ministerio y encendió las alarmas entre los pequeños y medianos productores del sector palmicultor, quienes exigen al presidente José Jerí intervenir directamente para destrabar el proceso. Según sostienen, la reglamentación es clave para garantizar la producción y el uso de biodiésel nacional, en un contexto en que el país busca reducir su dependencia de combustibles fósiles importados.

La cadena productiva de la palma aceitera involucra a más de 40 mil personas en todo el país, entre empleos directos e indirectos, de acuerdo con estimaciones del propio sector. En regiones como Ucayali, San Martín y Loreto, el cultivo de palma se ha convertido en una alternativa real frente al sembrío de hoja de coca, aportando estabilidad económica y fomentando el desarrollo de comunidades rurales.

Los palmicultores aseguran que, más allá del componente económico, el cultivo tiene un valor social y ambiental importante, ya que contribuye a la formalización del trabajo agrícola y a la diversificación de la matriz energética del país. Sin embargo, la ausencia de reglamentación los deja en un estado de incertidumbre: sin reglas claras ni incentivos concretos, los proyectos de inversión en biocombustibles se detienen o migran hacia otros sectores.

Varios especialistas, consultados por este Diario, sostienen que detrás de la parálisis hay un lobby de empresas importadoras de combustibles fósiles, interesadas en mantener el actual esquema de dependencia del petróleo y sus derivados. Estas compañías, con poder económico y político, tendrían influencia en ciertos funcionarios del Minem, lo que explicaría la resistencia a promover los biocombustibles nacionales.

El argumento de estos grupos se centra en el supuesto encarecimiento del diésel al incorporar biodiésel en las mezclas. Sin embargo, estudios internacionales demuestran que los biocombustibles no solo reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), sino que también disminuyen la contaminación atmosférica y fortalecen la seguridad energética al depender menos de la importación de hidrocarburos.

En países como Brasil, Colombia y Argentina, la política de biocombustibles se ha consolidado como una herramienta de desarrollo rural y sostenibilidad. En el Perú, en cambio, el tema parece estancado entre la burocracia y los intereses privados.

La demora en la reglamentación de la Ley N° 32276 no solo representa un incumplimiento del plazo legal de 90 días establecido en su disposición final, sino que también frena el avance hacia una matriz energética más limpia y autosostenible. Los productores piden al presidente José Jerí que asuma un rol más activo y respalde la implementación de la ley, tal como lo hizo el Congreso al aprobarla de manera casi unánime.

La urgencia no es solo económica, sino también ambiental. Según especialistas en energía renovable, la incorporación de biocombustibles podría reducir significativamente las emisiones del sector transporte, responsable de un alto porcentaje de la contaminación en zonas urbanas.

“Mientras el mundo avanza hacia energías renovables, el Perú no puede seguir detenido por decisiones burocráticas o por intereses de corto plazo”, señalan representantes del gremio palmicultor.

El mercado nacional de biocombustibles tiene el potencial de convertirse en un motor de desarrollo para el país. Su promoción no solo contribuiría al cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de emisiones, sino que además impulsaría la economía rural y consolidaría una nueva industria con valor agregado.

Sin embargo, el futuro del sector depende de una decisión política clara. Publicar la reglamentación de la Ley N° 32276 no debería ser visto como un trámite, sino como un acto de compromiso con el desarrollo sostenible, la descentralización productiva y la transición energética que el país necesita.

Hasta entonces, los biocombustibles peruanos seguirán esperando el respaldo que se les prometió, mientras los productores miran con preocupación cómo se diluye una oportunidad histórica para transformar el modelo energético nacional.

una política pública que promueva la investigación aplicada y la transferencia tecnológica hacia el sector productivo.

Por otro lado, la dimensión ambiental del debate sobre los biocombustibles es cada vez más relevante. El uso de biodiésel de palma puede contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire, especialmente en las grandes ciudades donde el parque automotor crece sin control. Sin embargo, expertos también advierten la necesidad de implementar criterios de sostenibilidad ambiental en toda la cadena de producción, para evitar la deforestación y garantizar que el crecimiento del sector no afecte la biodiversidad amazónica. La clave, señalan, está en un equilibrio entre expansión económica y manejo responsable del territorio.

Finalmente, el desarrollo del mercado de biocombustibles exige una alianza público-privada sólida, que combine inversión estatal en infraestructura con incentivos fiscales y líneas de crédito para los productores. El Banco de la Nación y Cofide podrían desempeñar un rol estratégico en el financiamiento de plantas de procesamiento, mientras que los gobiernos regionales tendrían que articular programas de capacitación y formalización para los pequeños agricultores. Solo con una política de Estado que integre a todos los actores, desde el campo hasta el consumidor, el Perú podrá consolidar una industria energética sostenible, competitiva y alineada con las metas globales de reducción de emisiones.