Defensora awajún Augostina Mayán demanda acción urgente del Estado frente a las amenazas de la minería ilegal.
La falta de inclusión, transparencia y participación en la toma de decisiones sobre la actividad minera genera un cuestionamiento al poder central y alimentan la conflictividad social en Perú, señaló en el Observatorio de Conflictos Mineros.
La conflictividad y movilización social en los dos primeros meses del año, lo que hemos visto, desde mediados de marzo, es una tendencia a la predominancia de un ambiente crispado debido a los conflictos socioambientales, sobre todo vinculados a la minería.
El informe del 32° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) revela que existen hilos conductores que explican el escenario actual: cuestionamiento al poder central, el factor identitario, así como respuestas del Estado basadas en la falsa teoría de conspiración y represión policial.
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«Las movilizaciones de regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, entre otras, plantean un claro cuestionamiento al poder central; a las formas cómo las élites del país gobiernan y toman decisiones y cómo las imponen en los territorios. Un claro ejemplo es cómo se otorgan concesiones mineras y diversas licencias, sin que las poblaciones sean informadas adecuadamente; la manera como se aprueban los estudios de impacto ambiental o sus modificatorias», comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.
El reporte es el discurso sobre teorías de la conspiración para explicar los conflictos sociales, tratando de atribuirlos a fuerzas externas o grupos subversivos. Además, la actuación represiva de Policía Nacional.
Félix Suasaca, líder social de Puno y representante de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, rechazó la criminalización y persecución que vienen sufriendo las organizaciones sociales por parte del Gobierno. «No somos terroristas, somos defensores de los derechos humanos y el ambiente», señaló.
