Más de 50 lideres indígenas de diferentes comunidades están inconformes con las medidas de protección garantizadas por el Congreso
Tres dictámenes en favor de la protección de defensores ambientales aguardan ser debatidos por el Ejecutivo. Pues, este grupo vulnerable continúa enfrentándose a numerosos ataques y amenazas que siguen acabando en trágicos asesinatos de sus líderes defensores.
Durante el II Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Indígenas, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), presentó un análisis legal sobre las propuestas legislativas, destacando la urgencia de una ley que cumpla con los estándares internacionales de los derechos humanos y aborde mecanismos más eficientes.
Los líderes han criticado la normatividad ambiental permisiva y la ineficacia de los mecanismos de protección para los defensores indígenas, exponiendo la incapacidad del Estado para facilitar la titulación de las comunidades, lo cual contribuye al incremento de la ilegalidad, y representa una «deuda pendiente» con los pueblos indígenas. Sumándose a lo anterior, también cuestionaron que los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno no tienen aspectos sociales ni ambientales de las comunidades nativas, lo que incrementa los riesgos y vulneraciones a sus derechos y tierras.
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Algunos de los proyectos de ley analizados, dos han avanzado en el congreso como es el caso de el Proyecto de ley 4686/2022-PE, centrado en la protección de defensores de derechos ambientales, y el Proyecto de Ley 2069-2021-PE, que aborda en la protección de dirigentes comunales e indígenas.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó ambas iniciativas legislativas, presentadas por la congresista Janet Milagros Rivas Chacara, mientras que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizó una revisión conjunta que nombraron como «Ley de protección de las personas defensoras de derechos ambientales».
Pese a los breves avances, más de 50 líderes de distintas comunidades indígenas amazónicas, representados a través de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), presentaron una nueva denuncia en el aumento de actividades ilegales en sus territorios, por lo que volvieron a solicitar la asignación un presupuesto específico medidas más fuertes que protejan las vidas de sus defensores indígenas y otros miembros de las comunidades.
